Antonio Manuel Landeira Gallardo y su hermano Jorge José están investigados por delitos de estafa, falsificación de documento público mercantil y fraude de subvenciones
18 nov 2015 . Actualizado a las 00:32 h.La operación Qatedra, que lleva a cabo la Policía Judicial de Lalín en colaboración con la Agencia Tributaria en relación al presunto fraude relacionado con cursos de formación, sumó ayer dos nuevos detenidos. En este caso se trata del exalcalde del Partido Popular de Santa Comba, Antonio Manuel Landeira Gallardo, de 44 años y vecino de A Coruña, y su hermano Jorge José, de 41 años con domicilio en Santa Comba. Ambos son administradores solidarios de la empresa Carbónicas Landeira S.A. con sede social en el municipio coruñés de Santa Comba.
A los dos se les acusa de la presunta autoría de delitos de estafa, falsificación de documento público mercantil y fraude de subvenciones. Al parecer, según informa la Guardia Civil, solicitaron subvenciones para cursos de formación que no llegaron a realizarse pese a haber recibido ayudas de la Xunta de Galicia y de la Unión Europea.
Ambos quedaron en libertad y tendrán que presentarse en el Juzgado de Instrucción número 1 de Lalín cuando sean requeridos. La operación continúa en marcha y se espera que se produzcan nuevas detenciones. Con estas son ya nueve las realizadas. Los dos empresarios se suman a otros cuatro administradores de otras dos empresas, una de Lalín y otra de Rodeiro, que fueron detenidos hace unos días.
Landeira Gallardo dimitió en noviembre del 2014 tras dar positivo en un control de alcoholemia. La Policía Judicial de Lalín tiene pendiente aún la entrega de parte de la documentación requerida a la Xunta, a la que solicitaron, una relación detallada por provincias de los contratos o convenios destinados a un control financiero de los cursos de formación subvencionados y datos de los cursos realizados en los últimos cinco años por todas las consellerías en toda Galicia.
Petición de datos
A la Xunta le fue requerida también que identificara a los funcionarios del gobierno autonómico encargados de fiscalizar los contratos de los cursos de formación, la ayuda concedida, las fechas en las que supuestamente se realizaron y el tipo de curso. Además, los investigadores quieren saber si algún departamento de la Xunta realizó algún control sobre ellos.
La investigación se inició en marzo a raíz de una inspección de la Agencia Tributaria a la empresa lalinense Prosem alertando de posibles irregularidades. En el mes de agosto se realizó un registro a la firma, que tiene su sede en Lalín, y se llevaron a cabo las detenciones de dos socios y una trabajadora, que quedaron en libertad.