CC. OO. y UGT alertan de una violación reiterada del derecho a la actividad sindical en el Concello
A ESTRADA
Aseguran, la obstaculización intencionada de su labor por parte del gobierno les obligará a recurrir a los tribunales
24 mar 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Los representantes sindicales de Comisiones Obreras y de UGT en el Concello de A Estrada ofrecieron ayer una rueda de prensa conjunta para hacer notar lo que consideran una «reiterada e manifesta violación do dereito á actividade sindical». Según aseguran, la obstaculización intencionada de su labor por parte del gobierno les obligará a recurrir a los tribunales para poder conseguir documentación a la que tienen derecho -y que les está siendo denegada- sobre procesos laborales sobre los que se cierne la sombra de la sospecha.
Según aseguran, se trata de una violación de derechos «sin precedentes» en el Concello de A Estrada desde que existe representación sindical y con independencia de los partidos políticos que se encontrasen en el gobierno.
Los sindicatos recuerdan que el gobierno, con su «actitude déspota», está perjudicando también a los vecinos, ya que la carga de demandas a la que está haciendo frente el gobierno por parte del personal del Concello está batiendo récords históricos.
Los sindicatos aportaron amplia y detallada documentación sobre todas las trabas que están encontrando para acceder a la información sobre los asuntos que afectan al personal municipal y para obtener copia de los expedientes solicitados.
CC. OO. y UGT citaron varias cuestiones en las que se les ha negado el acceso a la información requerida. Una de ellas es el plan de empleo municipal. Los sindicatos pidieron acceso al expediente y más de un mes después continúan sin copia del mismo y sin aclaraciones de por qué la nota de corte se fijó en un 6 en el caso de los operarios. Critican también que varios candidatos que pidieron la revisión de su examen no han tenido audiencia.
En el caso del reparto de la productividad, se solicitó en diciembre copia del expediente que no se ha conseguido. El plazo legal para aportarla era de tres meses y concluyó el 19 de marzo, por lo que «novamente se nos obriga aos sindicatos a solicitar dita documentación xudicialmente». Advierten que el gobierno tendrá que volver a nombrar abogado, de la repetición de los nombres de los letrados contratados y de un nuevo «desfalco das arcas públicas». Los sindicatos creen que el reparto de productividad se ha hecho sin objetividad, para premiar a los afines y castigar a los «rebeldes». «Resulta sospechoso que los trabajadores que forman o formaron parte de la ejecutiva local del partido que gobierna sean de los mejor pagados y tripliquen a veces el complemento de los ‘rebeldes’», dicen.