La prórroga del pago del 2014 concluye sin que Catastro acepte considerar los terrenos como rústicos y obliga a abonar ahora esa tasa y la del 2015
29 ago 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Los propietarios de los terrenos afectados por el proyecto de la Cidade do Moble -en el denominado Monte Liñares, en la zona de Lagartóns- se enfrentarán en las próximas semanas al pago de dos recibos del IBI. Uno de ellos es el correspondiente al año en curso, que tendrán que abonar todos los propietarios en estas fechas. El otro es el del 2014, que había sido prorrogado en su día para tratar de buscar una solución a la problemática específica de la zona. El problema en cuestión es que, con la proyección de la Cidade do Moble, los terrenos afectados pasaron de ser suelo rústico a quedar catalogados como suelo urbanizable. Sin embargo, acto seguido el proyecto quedó paralizado, sin visos de desarrollarse en muchos años. Los propietarios consideran injusto que tributen más cuando las perspectivas de urbanización son nulas y han llamado a muchas puertas y explorado diversas vías para corregir la situación.
Desde que se hizo efectivo el cambio de catalogación de los terrenos, los afectados pagaron los recibos del 2012 y del 2013 como suelo urbanizable. Sin embargo, una sentencia del Tribunal Supremo dicatada en mayo del 2014 y referente a un caso similar en Badajoz abrió una vía de revisión del caso. Fue entonces cuando el pago del recibo del 2014 se congeló a la espera del veredicto de Catastro. Sin embargo, la primera respuesta de Catastro fue desfavorable a los intereses de los estradenses. Catastro indicó que, en el caso de la Cidade do Moble, al haber sido desarrollado el suelo mediante un instrumento urbanístico -que era precisamente la excepción a la norma- el caso no era asimilable al de Badajoz.
Posteriormente la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) hizo una lectura distinta y envió una circular a los Concellos animándoles a remitir a Catastro un informe detallado de sus casos concretos para que el organismo pudiese decidir en función de cada caso particular. Los propietarios apostaron por explorar esta nueva opción y en un pleno municipal el gobierno se comprometió a remitir ese informe a Catastro.
Sin embargo, según aseguran los afectados, el informe nunca fue remitido. Por esta razón, los propietarios presentaron el pasado 23 de julio un escrito instanto al gobierno a remitir el informe y advirtiendo que de lo contrario ejercitarían acciones judiciales denunciando la inactividad de la administración.
Los propietarios tienen la esperanza de que la entrada en vigor de la reforma de la Ley Hipotecaria y del Catastro Inmobiliario -adaptada ya a la sentencia del Supremo sobre el caso de Badajoz- abra definitivamente las puertas a la tributación de los terrenos de Lagartóns como suelo rústico mientras no tengan infraestructuras de saneamiento, electricidad y agua.
Los afectados han presentado un escrito en el Concello pidiendo que apruebe la redacción con carácter de urgencia de un informe fidedigno sobre la situación del Monte Liñares y lo remita a Catastro, que entretanto congele los recibos del 2014 y 2015 y que pida al ORAL que efectúe la liquidación compensatoria por el IBI urbano cobrado «indebidamente» en el 2012 y el 2013.
El gobierno local ve viable obtener una rebaja del 50%
Para estudiar la petición de los afectados, A Estrada celebró la noche del jueves una reunión en la que participaron cuatro propietarios de terrenos en la zona y los representantes de todos los grupos políticos con representación municipal.
En el encuentro, el edil responsable de Facenda, Alberto Blanco, se comprometió a remitir a Catastro el informe sobre la situación concreta de los terrenos y del proyecto, tal como pedían los afectados. No obstante, Blanco indicó que el gobierno considera que este trámite no servirá de nada, ya que Catastro ya había respondido negativamente a la consulta previa realizada sobre la aplicación en A Estrada de la sentencia del Supremo. El gobierno local ve más factible echar mano de la nueva Ley Hipotecaria para acogerse a un nuevo procedimiento que permite que en los suelos urbanizables desarrollados por un instrumento urbanístico se haga una valoración por módulos o fases de desarrollo. Esto permitiría obtener una reducción del 50 % en la tarifa aplicada actualmente.
En la reunión, Móvete propuso eliminar el proyecto de Cidade do Moble, ya que considera que no se ajusta a la realidad económica local, no cuenta con el apoyo de la mayoría de los mueblistas y, desde el punto de vista medioambiental, «está no peor lugar». Considera que la petición a Catastro tiene pocas opciones de prosperar y cree que lo mejor es descartar «este proxecto faraónico e inviable».
Para el BNG, en cambio, la solución pasa por iniciar cuanto antes la urbanización de la Cidade do Moble.