En el pleno del día 4 de septiembre se aprobó por unanimidad una moción del PGD para reclamar al Concello de Lalín el cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo sobre el pago del IBI. Un fallo judicial que recoge que los suelos urbanizables delimitados sin plan de desarrollo aprobado tributen como rústicos y no como urbanos. En esa situación se encuentran en la actualidad el SUE-2, en la zona de O Regueiriño norte. En el acuerdo plenario se planteó informar a los posibles afectados del contenido de esa sentencia del Supremo, de 30 de mayo del 2014.
El gobierno local anunció ayer que los vecinos interesados en aclarar sus dudas sobre el alcalde de la resolución judicial pueden acudir al consistorio. Ante la complejidad técnica y legal en torno al contenido y aplicación de la sentencia, será en la oficina jurídica del Concello donde se atenderán esas consultas. En el pleno se había apuntado también plantear un coeficiente de inedificabilidad para rebajar el pago del IBI.