Para el representante de los afectados, José Luis Fernández Pedreira, «deberían exigírsele responsabilidades a la persona, funcionario, autoridad o quien sea que tomó las decisiones que fueron dilatando el proceso después de la sentencia y que hicieron que se fuera incrementando el coste». Opina que, en estos casos, «tendría que ser responsabilidad de alguien y debería pagar de su propio bolsillo y no con cargo al erario público». Algo que es lo que ocurriría en este caso.
Tras la sentencia, la Xunta recibió numerosos jarros de agua fría a sus demandas por parte de las salas judiciales. Fernández Pedreira explica que «un poco sordos son porque llevan quince años diciéndoles que tienen que pagar, pero nada».
Ahora habrá que ver si le admiten el recurso de casación, pero no es tampoco la primera vez que no le admiten un recurso. Pedreira recuerda que «juegan con el oro del rey, porque a ellos como Administración están exentos del pago de tasas».
En el recurso están en juego una diferencia de dos millones de euros entre las cuentas de unos y otros y que da de restar los pagos que ya hizo la Xunta de la cantidad total , con lo que los intereses generados serían menores o devengarlo del pago ya de intereses. El TSXG estimó parcialmente esta parte y consideraba que el pago debía restarse de la cantidad total, desestimando el resto. De ahí que las dos partes en litigio recurran de nuevo.