Presenta a la junta de acreedores un convenio que margina a Hacienda, el principal acreedor
10 ene 2014 . Actualizado a las 14:41 h.Un año después de haberse acogido al concurso de acreedores, el Deportivo asistirá hoy a un punto y aparte, y sin posible retorno, de un proceso que no despejará el difuso horizonte de la entidad, pero que pondrá las cartas boca arriba de todas las partes implicadas.
La sala de la sección 1ª de la Audiencia Provincial de A Coruña acoge a partir de las 10.30 de la mañana la junta de acreedores del Real Club Deportivo. A puerta cerrada para todo aquel que no sea acreedor, y bajo la presidencia del juez Roberto Niño Estébanez, que se estrena así en la plaza, a los asistentes les tocará aprobar o no el convenio que marcará el devenir de la entidad deportivista. Sobre la mesa, la propuesta de Lendoiro, bajo la sospecha de un pacto irregular con la Liga de Fútbol Profesional (LFP) y la AFE, y la oposición de Hacienda.
Para que sea válida, la Ley Concursal exige la presencia en la junta de al menos el 51 % de la deuda ordinaria del club, que es de 30,26 millones de euros -menos de una tercera parte de la deuda total, que es de 160,26 millones-, de los que más de un tercio corresponden a jugadores y a la LFP. Salvo sorpresa mayúscula, Lendoiro -que asegura contar con el apoyo de la LFP y de la AFE- sacará adelante su convenio, con una quita del 33 % -la menor del fútbol español- y una espera de 17 años (con dos de carencia). Una propuesta con la que Lendoiro trata de eludir la pieza de calificación por una gestión plagada de irregularidades contables y que ha abocado al Deportivo al mayor concurso del fútbol europeo, pero que no ha conseguido el más mínimo acercamiento con Hacienda. La Agencia Tributaria no contempla otro escenario que el respaldo a su propuesta o el mantenimiento de los embargos, lo que abocaría al club a la liquidación.
Lendoiro, derrotado en la junta de accionistas que reprobó su gestión y rechazó sus cuentas, ha anunciado que no se presentará a las elecciones del 21 y 22 de enero, pero, a pesar de haber sido deslegitimado por la mayoría del accionariado, ha estirado su presidencia para presentar un convenio suicida para la entidad y beneficioso para él mismo. Una propuesta sobre la que han alertado los administradores concursales, Hacienda e incluso el juez en alguno de los autos. Afronta el pago de la deuda ordinaria (30,26 millones) y subordinada (31,03), pero aparca el de la privilegiada (99,3 millones), que debería negociarse en una pieza separada, y que afecta a Hacienda y bancos, que no han firmado su adhesión a un acuerdo que conduce al Deportivo a una agonía que gestionará el consejo que salga de las próximas elecciones.