El 11 de abril del 2014, Tino Fernández compareció ante los medios informativos para presentar las líneas maestras del convenio singular con la Agencia Tributaria, que obligaba al Deportivo a abonar al fisco 62.2 millones de euros, con un primer pago de algo más de diecinueve millones y unos abonos semestrales de 3,3 más intereses.
El calendario de pagos comenzó en enero del 2015 y se extiende hasta el mismo mes del año 2023.
Además de estos abonos semestrales, a los que hay que ir añadiendo los intereses, la Agencia Tributaria se garantizaba el cobro del 25 por ciento de la parte del contrato de televisión que superase los 23 millones de euros, así como también la cuarta parte de cualquier ingreso extraordinario, entre los que los principales corresponden a la venta de futbolistas.
Del mismo modo, aquel acuerdo, que fue calificado por el propio Tino Fernández de «duro», recogía el compromiso blanquiazul de poner en marcha una ampliación de capital de seis millones de euros en la que, como mínimo, estaba obligado a reunir 1,5 antes de 31 de diciembre del 2015, un año después de la fecha límite para iniciar el proceso de venta de nuevas acciones. El resultado fue un aumento de capital de 2,4 millones de euros y algo más de dos mil nuevos propietarios de la centenaria entidad.
Fue un pacto que suponía unos años de gran esfuerzo para un Deportivo que con la llegada de Tino Fernández a la presidencia consiguió algo que parecía imposible: desbloquear la relación con la Agencia Tributaria, que tenía enquistada Lendoiro. La herencia dejada por el anterior presidente provocó que las condiciones resultaran sumamente exigentes y situaran al Deportivo en inferioridad de condiciones en la lucha con el resto de equipos de Primera División.