La adjudicación del Mundial 2022 ha estado envuelto en grandes polémcas desde el principio
25 feb 2015 . Actualizado a las 10:16 h.Además del calor y la conveniencia de canbiar de fechas, la adjudicación del Mundial-2022 en Catar a finales de 2010, ha estado envuelto en otras dos grandes polémicas: las sospechas de corrupción y las condiciones de los trabajadores.
¿Hay un «Catargate»?
«Catargate» fue el titular que usó France Football en enero de 2013, que evoca a la corrupción y los arreglos para explicar la asignación del Mundial-2022 a Catar por parte de la FIFA. Tesis compartida por la prensa británica.
La revista plantea dudas sobre la integridad de los miembros de la FIFA que votaron el 2 de diciembre de 2010 a Catar, un riquísimo emirato que tiene la tercera mayor reservas mundiales de gas natural. Ante el aumento de las sospechas, la FIFA mandó hacer un informe de control a Michael Garcia, exfiscal federal estadounidense y presidente de la cámara de investigación de su comité de ética. Sin embargo, la organización se niega a publicarlo y dice que no encuentra grandes irregularidades. Furioso, Garcia ha acusado a la FIFA de falta de transparencia. Para calmar los ánimos, la instancia suprema del organismo anunció que el informe sería publicado, pero con condiciones y no antes de que terminen las investigaciones internas que siguen en curso. .
Las condiciones laborales
En septiembre del 2013, The Guardian publicó un informe sobre las obras en Catar y hablaba de «explotación» y del abuso de las condiciones laborales como «una forma de esclavitud moderna». Según las cifras del periódico, entre junio y agosto del 2013, 44 obreros nepalíes murieron en las obras en el Emirato. A este ritmo, al menos 4.000 obreros podrían morir antes del comienzo de la Copa del Mundo en 2022, denunció la Confederación Internacional de sindicatos (ITUC). La FIFA expresó su «preocupación», a pesar de que las obras donde habían tenido lugar estas muertes no estaban directamente relacionadas con el Mundial. Y Catar, se enfadó. «No hay esclavitud o trabajos forzado en Catar», declaró Ali Al-Marri, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, según él cual «las acusaciones eran «falsas y con cifras exageradas».