No es el único caso de un acuerdo que ha sido revocado por un juez tras entrar un club en concurso, pero sí uno de los más significativos. Una sentencia del del mes de julio del 2012 anuló el contrato de renovación firmado entre el Rayo Vallecano y Movilla en febrero del 2011. El acuerdo contemplaba unos ingresos para el jugador de 900.000 euros, además de variables por partidos jugados y objetivos y una ayuda para la vivienda. Cuatro meses después de la firma, el Rayo se acogió a la Ley Concursal, y los nuevos administradores denunciaron un contrato que consideraban abusivo, teniendo en cuenta la edad del jugador y que ya en el momento de la firma el club adeudaba varias mensualidades a la plantilla, además de no cumplir con Hacienda ni con la Seguridad Social.

La sentencia anuló un contrato que consideraba perjudicial para la masa activa y, pese a no apreciar mala fe en Movilla, le redujo el salario bruto a 327.589 euros. Los administradores del Rayo también demandaron al entrenador, José Ramón Sandoval, por una parte del salario de la campaña anterior y al resto de jugadores por el acuerdo de las primas por el ascenso a Primera División. También han fijado el tope del coste de la plantilla en 7 millones de euros.

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