El Pontevedra dio ayer un nuevo paso hacia la salvación de su maltrecha economía. La junta de accionistas convocada para la reducción del capital social en 3.333.323 euros se desarrolló en un ambiente de absoluta concordia, a diferencia de la convulsa asamblea del mes de marzo. Y es que en esta ocasión, todos los asistentes parecían convencidos de que la aprobación de los puntos previstos en el orden del día no era una opción, sino una obligación para conseguir la supervivencia de la entidad.

La junta contó con la presencia de 47 accionistas que detentaban, entre todos, el 66,8 % de las acciones. El primer punto del orden del día fue la aprobación de las cuentas de la sociedad a 31 de marzo del presente año, condición exigida para proceder a la reducción de capital. El balance no presentaba sorpresas con respecto a las del pasado ejercicio, lo que propició que los accionistas lo aprobasen por unanimidad. El primer match-ball, salvado.

A continuación llegó el turno de votar la reducción del capital social en 3.333.323 euros, desde los 3.401.350 euros actuales a 68.027. Cada acción, que inicialmente tenía un valor de 50 euros, pasa a valer tras la reducción 1 euro. Y de nuevo, unanimidad en la aprobación de la medida. Objetivo cumplido.

Superado el trámite, llegó el turno de ruegos y preguntas, en el que hubo tiempo para que los accionistas conociesen, a grandes rasgos, los próximos pasos a seguir para salvar la economía del Pontevedra. El presidente del club, Mauricio Rodríguez, dio la palabra a José Manuel Fariña, abogado del bufete que está gestionando el proceso concursal, y a Alfredo Rodríguez, en calidad de asesor del consejo en esta misión. Entre ambos, aclararon que la propuesta de convenio con los acreedores ya está presentada ante el juez, que deberá emitir un informe de evaluación del mismo en la primera quincena de septiembre. El siguiente paso será la convocatoria de una junta, en la que al menos el 50 % de los acreedores tendrán expresar su conformidad.

La deuda concursal asciende a 3.184.000 euros, de los cuales 669.620 corresponden a lo que calificaron como deuda privilegiada, que deberá pagarse íntegramente, para lo que se propone un horizonte de 10 años a razón de 66.962 euros anuales. Para el resto se propone una reducción del 85 % y un aplazamiento que, en algunos, podría llegar a los 12 años, aunque todo queda pendiente de que más de la mitad de estos acreedores acepten estas condiciones.

Si no hay acuerdo, la continuidad del Pontevedra estaría de nuevo en entredicho. De hecho, el propio Mauricio Rodríguez lo expresó con claridad. «Si no se acepta, nos vamos todos al garete», sentenció. Y es que ayer se dio un paso hacia la salvación del club, pero el camino a recorrer todavía es largo y angosto.