Llevaba únicamente dos años en el cargo y la entidad tiene un mes para buscar otro candidato
01 abr 2016 . Actualizado a las 01:55 h.El presidente de la SGAE, José Luis Acosta, ha presentado esta tarde su dimisión ante el Consejo de Dirección de esa entidad al considerar que no puede compatibilizar su vida profesional, como guionista y productor, y personal con el cargo, según ha explicado él mismo a EFE. Su vida personal y su salud, ha añadido a EFE, se han visto muy afectadas desde que fue nombrado el 25 de julio de 2015.
Fuentes de la SGAE han explicado que Acosta ha planteado su dimisión al inicio de la reunión del Consejo de Dirección, que entre los puntos del día que debía tratar, entre ellos la aprobación de sus cuentas, no incluía «en absoluto» el de la continuidad de su presidente. Ante el Consejo, Acosta (Úbeda, Jaén, 1961), ha subrayado, según estas fuentes, que no podía compaginar su responsabilidad en la SGAE con su actividad profesional y que tenía que «dejarlo».
A partir de ahora, como ya ocurriera cuando Anton Reixa fue apartado de su cargo, el vicepresidente de mayor edad asume la presidencia. La Junta Directiva deberá decidir en los próximos días el procedimiento para su sustitución.
Agota desde Bautista a sus presidentes antes de cumplir su mandato
Con la dimisión de José Luis Acosta como presidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) antes de finalizar su mandato de cuatro años, se abre de nuevo el conflicto que arrastra esta entidad desde que en el verano del 2011 se detuviera a Eduardo Bautista y a varios de sus directivos.
Acosta fue elegido presidente en julio del 2013 en sustitución de Antón Reixa, quien lo había sido en mayo del 2012, y que a su vez había relevado a Santiago Moncada, en el puesto desde septiembre del 2011. Se convertía así en el tercer presidente de la entidad desde que el que fuera su máximo responsable durante treinta años, Eduardo «Teddy» Bautista, fuera detenido por el presunto desvío de fondos a empresas privadas pertenecientes a miembros de la Junta Directiva y acusado de haber urdido una trama de facturas falsas.
El 1 de julio del 2011 medio centenar de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado llegaron al Palacio de Longoria en la madrileña calle de Fernando VI, sede de la entidad, para practicar las detenciones de la conocida como operación Saga. La Guardia Civil detuvo a Bautista y el juez imputó también al cantante José Ramón Márquez, Ramoncín, y al exdirector de la SDAE -filial digital de la SGAE- José Luis Rodríguez Neri, presunto cabecilla de la supuesta trama de desvío de dinero de este organismo.
Más de cuatro años después, el pasado mes de febrero, el cantante Ramoncín fue absuelto y la Fiscalía Anticorrupción decidió no recurrir esa decisión por falta de pruebas. Acosta pedía en una entrevista con Efe el pasado año que la Justicia acabara la instrucción del caso, asignado a la Audiencia Nacional, ya que el «goteo» de citaciones e imputaciones hacían «mucho daño» a la entidad. Aquella operación, consideraba Acosta, se llevó a cabo para proteger a la entidad de gestión de derechos de autor, pero al dilatarse en el tiempo «dañaba» a la SGAE. «Resuelvan, dictaminen, enjuicien, citen sentencia y dejen reconciliarnos con nuestro pasado», pedía a la Audiencia Nacional Acosta.
El presidente de la entidad defendió en aquella ocasión al director general de la SGAE, Enrique Gómez Piñeiro, que había declarado el 22 de junio del 2015, imputado por otorgado una «remuneración periódica indebida» al compositor canario Caco Senante hasta un total de 30.354 euros. Acosta subrayaba que, por primera vez, la asamblea general celebrada por la entidad aquel mes de junio, en la que se aprobaron las cuentas del 2013 y 2014, había sido «pacífica y cordial».
«Estamos saliendo del túnel y tomando conciencia del futuro y de la voluntad de la mayoría social de la casa de hacer las cosas de otra forma. Hay un tono muy diferente, y la hostilidad y la desconfianza se han rebajado», dijo. Aunque reconocía que podía haber habido malas prácticas en el pasado, aseguraba que se había aprendido de los errores y que la función de la entidad no era «recaudar».
Un nuevo conflicto se abrió cuando en la última asamblea general extraordinaria de socios, celebrada en febrero de este año, sus 845 socios asistentes, con 15.829 votos representados, rechazaron las reformas estatutarias propuestas por Acosta. La convocatoria de asamblea respondía a lo exigido en la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual, en vigor desde el 1 de enero del año pasado, por la cual las entidades de gestión españolas han de modificar los estatutos que las rigen.
La junta directiva de la entidad proponía además algunas correcciones de estilo, adaptaciones y concordancias en algunos artículos de los estatutos de la entidad, cuya terminología, redacción o numeración había quedado obsoleta. Los socios también rechazaron esa propuesta con un 50,65 % de votos negativos (7.885 votos), un 47,60 % afirmativos (7.411 votos) y un 1,7 % de abstenciones (272 votos).