Asistimos a una lucha silenciosa y soterrada de Defensa para arrogarse competencias en temas que en la legislación nacional e internacional son asignados a administraciones culturales y a científicos especializados. El anteproyecto de ley no nos gusta como arqueólogos y entendidos en asuntos de legislación del patrimonio cultural subacuático (PCS), aunque deban pronunciarse los juristas. Es lícito mantener una frontal oposición a este proyecto. Se alude al vetusto Código de Comercio de 1885, que ha demostrado su capacidad operativa hasta hoy. Ahora contamos con normas como la Convención sobre el Derecho del Mar, de 1982, que para el PCS solo redactó dos artículos, la Convención Unesco del 2001 y la Ley del Patrimonio Histórico Español (16/85), que por vez primera colocaba al mismo nivel el patrimonio arqueológico terrestre y el subacuático. Adecuada la modernización jurídica, preocupa que se hagan mal las cosas por falta de diálogo previo (inexistente) y por no consultar a los técnicos en materias transversales a la propia esencia del anteproyecto.
Parece que lo que se pretende es colar de matute viejas aspiraciones de la Armada, como poner bajo su control lo relacionado con el PCS por la vía de los buques de guerra, y los buques de Estado hundidos, designados sujetos de atención prioritaria y única en las competencias de Cultura para su conservación, su protección y estudio de acuerdo con la Ley del PHE 16/85 y la convención Unesco, únicas aplicables. Las espadas quedan en alto.