Afirman que solo una certificación municipal de Sada salvaría sus viviendas
02 dic 2016 . Actualizado a las 07:49 h.La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) tiene sentenciadas seis viviendas en Veigue, conocidas como las Conejeras, que fueron ejecutadas en una antigua granja situada en el lugar de San Pedro. Los propietarios, seis matrimonios amigos que en su día optaron por la autoconstrucción para reformar el inmueble, aseguran que si bien ejecutaron las obras sin contar con licencia municipal, es una actuación que ha quedado prescrita, ya que finalizaron las obras en el año 2000, cuando comenzaron a residir allí, e intentan que así lo certifique el Concello.
La abogada de los afectados, Mayte Ríos, señala que solo nuevas pruebas permitirían una revisión de la causa, que si bien el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de A Coruña dio como prescrita en una sentencia de noviembre del 2014, el TSXG falló de manera contraria once meses más tarde al no atender las documentación gráfica en las que se ve la transformación de la nave, con imágenes del Centro Nacional de Información Geográfica e incluso de Costas, antes de octubre del 2006, que es el plazo máximo establecido para que se consolide esta actuación. El alto tribunal, explica la letrada, solo atendió la documentación aportada por la APLU, que omitió una imagen del 2005 donde se ve que la transformación del inmueble ya estaba realizada.
Jesús Rico, uno de los afectados, admite que realizaron las obras sin licencia porque se les permitió, pero explica que tal como se pone de manifiesto en una denuncia municipal del año 2001, avalada por dos policías locales que declararon en el juicio, por un decreto de ese mismo año e incluso por otro informe policial del 2013, la transformación de la nave fue anterior a lo señalado por la APLU, una cuestión que estima que también se ve respaldada con el pago de recibos del IBI desde el 2005 e incluso con la documentación del registro de la propiedad.
Pese a que los afectados, que ya han recibido dos multas por no ejecutar el derribo, quieren que el Concello certifique con su documentación la prescripción, no lo han conseguido. El concejal de Urbanismo, Francisco Montouto, explicaba ayer, como así lo hizo en el pasado pleno de agosto, que es una actuación competencia de la APLU, al estar el inmueble en suelo rústico. «Hai sentencias varias e non nós imos meter, é unha cuestión xulgada e non imos facer ningún certificado e ningunha cousa que contradiga unha sentenza xudicial», matiza.
Por su parte, Ramón Rodríguez Ares, edil del PDSP y alcalde en el momento en el que se realizaron las obras en la granja, se desvinculó ayer de este conflicto. «Eu estou fóra do tema, se o goberno actual non quere certiticar porque hai unha sentencia firme terán [os afectados] que ir aos tribunais para facer valer a súa petición», estimó.