Aproinco clama contra la «inseguridad jurídica» y la «inacción» del gobierno local
23 feb 2017 . Actualizado a las 00:37 h.La Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios, Aproinco, denunció ayer un «éxodo de empresas» a otros municipios de la comarca, como Arteixo y Oleiros, a Vigo e incluso a Madrid como consecuencia de la «inacción» y la «inseguridad jurídica» provocadas por la política urbanística del gobierno local, al que acusan de «ni aplicar ni modificar» el plan general. El secretario general de la entidad, Juan José Yáñez, denunció que el ejecutivo de la Marea está tratando a los empresarios como «a un enemigo a batir», y advirtió que la ciudad corre el riesgo de «perder el tren de la reactivación económica».
Yáñez insistió en que el problema ya no es que las licencias se tramiten despacio, un problema del que se quejaron con insistencia desde el principio de este mandato, es que «muchas [licencias] ya no se están presentando». Una situación de la que avisó al alcalde, Xulio Ferreiro, y al edil de Urbanismo, Xiao Varela, en un encuentro: «Les dije que no sé cuántas tenéis paradas -porque el dato no lo facilitan o mezclan obra mayor y menor, y tampoco lo facilita el Colegio de Arquitectos-. Pero tengo la seguridad de que habría muchas más solicitadas si hubiese más receptividad, porque las empresas ya lo dan por perdido y ni se plantean trabajar aquí».
El «éxodo», explicó Yáñez, está provocado por la «falta de gestión urbanística», es decir la falta de trámites para urbanizar nuevos suelos. A esa inacción se suma la «inseguridad jurídica» provocada por casos como el de Náutica, en el que el gobierno «hace buena la máxima de que solo acierta cuando rectifica».
Las consecuencias de Náutica
Primero, recuerda, tomaron la determinación de «parar todo, al parecer sin saber que se estaba trabajando allí». Cuando algunas empresas «estaban a punto de empezar a despedir por esa decisión», rectifican y dicen que «a unos sí y a otro no». Todo a pesar de que el Tribunal Supremo ha dicho «hasta la saciedad» que el trámite de caducidad «hay que utilizarlo con prudencia y proporcionalidad, de forma excepcional y no cuando hay voluntad de ejecutar la obra». Subraya que «nada de eso se tuvo en cuenta», y lamenta que las afectadas son «cuatro empresas pequeñas que aguantaron el bache de diez años de crisis y ahora parece que se las quiere condenar».
Las consecuencias del éxodo de empresas es que A Coruña es «la ciudad más cara de Galicia», según datos de Fomento citados por Yáñez, para comprar una vivienda nueva. En Vigo cuestan una media de 135.000 euros, 1.510 euros el metro, mientras que en A Coruña es de 186.000 euros, o 2.057 euros el metro cuadrado. Además, insistió, se pierden oportunidades de «inversión y empleo» en una ciudad que cuenta con «15.800 desempleados», pero tiene suelo disponible y posibilidades de financiación.
Acusaciones a los funcionarios
Yáñez también criticó que el concejal de Urbanismo, Xiao Varela, haya planteado «acusaciones genéricas» contra el sector y los funcionarios de utilizar «manga ancha» o «discrecionalidades» como si hubiese un «trato de favor» a determinadas empresas. El representante de Aproinco se mostró comprensivo con la queja de los funcionarios ante esa «imputación» de posibles delitos que, de existir, deberían ser comunicados a la Justicia. Yáñez exigió que Varela, además de disculparse con los funcionarios, se debería disculpar con el sector, que además de a los promotores también incluye a arquitectos, notarios, registradores de la propiedad, aparejadores, entidades financieras...
También el portavoz socialista, José Manuel García, exigió a Varela que rectifique, ya que sembró «una duda injusta», y lamentó que el concejal y el gobierno local echen la culpa de todo «al PSOE, y cuando no es al PSOE, a los funcionarios, y cuando no a los comerciantes», en vez de «ponerse a trabajar para evitar la paralización de un área tan importante como la de Urbanismo».
Las propuestas de Ascega
Por otra parte, la asociación de emprendedores Ascega planteó un decálogo de medidas para mejorar el funcionamiento del servicio de Urbanismo. Durante la presentación, Mariano Sánchez-Brunete, abogado experto en esa materia, señaló que «se han impuesto criterios equivocados de dirección que no permiten a los funcionarios resolver los expedientes» y lamentó que por ese motivo la Administración municipal no está logrando la agilidad necesaria en los trámites.