El Concello será finalmente el encargado de repartir los 12,5 millones de euros
18 ago 2016 . Actualizado a las 05:00 h.El alcalde de Miño, Ricardo Sánchez, confirmó que el Concello está comenzando a tramitar los pagos a los expropiados de la urbanización Costa Miño por el caso Fadesa. Ricardo Sánchez afirma que «a medida que los afectados vayan entregando todos los papeles se procederá a ingresar el dinero en sus cuentas bancarias».
Desde el servicio de Secretaría e Intervención están comenzando a requerir aquellos documentos necesarios para acreditar la titularidad y, por tanto, el derecho a los pagos. Santiago González, uno de los afectados por las expropiaciones, lo confirma: «Dende o Concello se puxeron en contacto cos xuristas e pediron documentación que demostre a titularidade». El alcalde calcula que durante esta semana los expropiados que presenten todos los papeles en regla comenzarán a recibir el dinero. Estos pagos se efectuarán mediante ingreso en cuenta bancaria.
Aun así, todavía quedaría por saldar la deuda contraída a raíz de los intereses que debió haber generado este dinero durante los últimos años, así como los que se deben pagar por el retraso en el cumplimiento del fallo. Desde el gobierno local calculan que esta cifra se acrecenta 900 euros al día, mientras que la oposición lo eleva a 1.400.
Mejora en la accesibilidad
La conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, visitó ayer Miño para firmar un convenio que garantiza las obras de las calles Real y Galea y el contorno de la iglesia. Una inversión de algo más de 225.000 euros que permitirá, según el alcalde, «reorganizar e humanizar os viais no centro urbano de Miño».
Las modificaciones incluirán el ancheamiento de las aceras, la eliminación del paso del entorno de la iglesia y su sustitución por una rampa adaptada a la normativa de accesibilidad. En la calle Galea también se mejorará la iluminación y se ordenarán las zonas de aparcamiento públicas.
Por su parte, e l grupo socialista de Miño denunció ayer que en el proceso de licitación del nuevo contrato de la guardería no figura la obligación de presentar un certificado de ausencia de antecedentes penales por delitos sexuales. El portavoz del PSOE en el municipio, Manuel Faraldo, afirma que «el alcalde está más interesado por el dinero que va a costar el nuevo contrato que por la seguridad de los menores, o incluso por cumplir la ley». Según un cambio de legislación realizado el pasado año, toda persona que trabaje con menores debe presentar un certificado de delitos de naturaleza sexual que garantiza que no ha sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual.
«Crisis interna»
El PSOE también acusó al gobierno de tener una crisis interna, tras la asunción por parte del alcalde de competencias del concejal Agustín Andrés. El alcalde ha contestado que «desde el PSOE siempre ven problemas. Tienen una bola de cristal llena de humo. La realidad no la ven claramente, no hay crisis. Esto no es más que una muestra de buena comunicación».