El TSXG desestima el último recurso del ayuntamiento para evitar el pago de 21 millones a los expropiados y dice que son «inaceptables» sus argumentos
07 mar 2015 . Actualizado a las 05:00 h.El Concello de Miño ya ha quemado todos los cartuchos judiciales para evitar el pago subsidiario del justiprecio a los expropiados de Costa Miño, cuya cantidad superará con creces los 21 millones de euros, al sumarse los intereses que se han generado desde entonces. El último y definitivo varapalo judicial llega de nuevo de la mano del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que desestima en un auto el último recurso presentado por el Concello. Un pronunciamiento contra el que ya no cabe recurso.
El auto del Alto Tribunal replica al Concello que quiera volver «inútilmente» sobre las consideraciones de fondo que obligan al Ayuntamiento de Miño al pago de los justiprecios, «pero la problemática sobre estas cuestiones ha quedado zanjada en los anteriores autos de la Sada de 18 de junio del 2013 y de 26 de julio del 2013». Considera también el TSXG que «tampoco puede ser discutida la firmeza del auto al que se refiere el recurso en su segunda alegación» y que el hecho de que haya solicitado un recurso de amparo contra el Tribunal Constitucional «en nada afecta a la cosa juzgada formal del auto, pues se trata de un recurso extraordinario que no impide su ejecución, salvo que se consiga su suspensión ante el propio Tribunal Constitucional». El Alto Tribunal también considera que «son completamente inaceptables todos los argumentos añadidos expuestos en la alegación tercera», presentada por el Concello, por lo que desestima el recurso y obliga a pagar al Concello las costas procesales que ascienden a 300 euros. Ante este pronunciamiento no cabe recurso.
Por su parte, los expropiados de la urbanización Costa Miño indicaron ayer que la próxima semana solicitarán al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que proceda a ordenar la ejecución de la sentencia que obliga al Concello de Miño al pago del justiprecio. Una sentencia que tiene más sentido ahora al conocerse la liquidación de Martinsa Fadesa: «Pediremos al Tribunal Superior que intime el plazo para que el Concello pague o al menos establezca un plan de pagos a los expropiados», indicó ayer el abogado de los afectados por las expropiaciones, Jerónimo Escariz.
19, 5 millones para pleitos
En cuanto al proceso de liquidación de Martinsa-Fadesa, esta misma semana se dio a conocer que la inmobiliaria tiene incluido en su pasivo 19,5 millones de euros para hacer frente a otros pleitos abiertos con los compradores de viviendas en esta urbanización que reclaman la resolución de sus contratos de compraventa y la devolución de las cantidades ya abonadas.