Imputa a un responsable de Espina y Delfín, adjudicataria de las obras
05 mar 2015 . Actualizado a las 05:00 h.El juzgado de Instrucción número 3 de Betanzos ha abierto diligencias por el caso del bulevar de Miño, situado en la rúa Carreira y en la que se investiga si existió un sobrecoste cercano al medio millón de euros. El juzgado considera que debe declarar como imputado un representantes de la empresa Espina y Delfín, adjudicataria de las obras, y el arquitecto contratado por esta firma para realizar la dirección de obra.
También ordena a la Guardia Civil que investigue la identidad de las personas que firmaron las certificaciones de dicha obra y que el Concello de Miño remita el expediente de adjudicación de los trabajos, «así como cuantos expedientes dentro del mismo contengan las actas de recepción de obra, incluidos los informes técnicos producidos, que por el señor secretario se certifique la existencia de informes técnicos en que se verifique el cumplimiento de todas las partidas existentes en el proyecto de adjudicación y ejecución de la obras, a los efectos de justificar la recepción y abono de las partidas presupuestarias, así como que certifique el abono de las cantidades expresadas con anterioridad».
El caso del bulevar de Miño surge a raíz de la denuncia que realizó el PSOE de Miño ante la Fiscalía en septiembre del 2012 por la existencia de un sobrecoste en la construcción de medio millón de euros. En su escrito al fiscal indicaban la existencia de supuestos delitos urbanísticos, entre los que se podría haber incurrido en malversación de caudales públicos y fraude a la Administración. En el escrito también se especificaba que hubo partidas que no fueron ejecutadas pero sí abonadas por el Concello. También se indicaba que algunas obras se ejecutaron de forma diferente a la prevista, a pesar de haber sido certificadas y abonadas. Por su parte, el gobierno local también explicó en el 2012 que había denunciado las presuntas irregularidades ante el juzgado de Betanzos. La diferencia entre ambas denuncias reside en que mientras los socialistas acusan a la junta de gobierno local de cometer un presunto delito de malversación, el PP recordaba entonces que la obra sufrió varias modificaciones y que una vez terminados los trabajos fue cuando se detectaron las irregularidades y que la empresa reconoció variaciones de partida sin el preceptivo modificado.