La oposición de Culleredo hace piña para exigir explicaciones a Sacristán

Expectación en el pleno de ayer en Culleredo generada por la actuación judicial de esta semana en el Concello, con la incautación de documentación tras las denuncias de tres funcionarios locales por tráfico de influencias. Ante esta situación, Julio Sacristán tomó el mando del pleno y leyó ante toda la corporación un documento en el que relató los hechos ocurridos el pasado lunes. El mismo documento que presentó por la mañana en la junta de portavoces, sin aportar más detalles «porque no tenemos más información», aseguró.

Ya en el pleno, el popular Antonio Cañás hizo, por un momento, de portavoz de la oposición y pidió la retirada varios puntos del orden del día, había 22 en total, para poder abundar sobre el tema judicial en el que pidió a Sacristán que fuera transparente. Al final quedaron fuera ocho puntos.

Por su parte, el portavoz del BNG, Antonio Chouciño, introdujo una moción urgente para poder debatir el tema, arropado por el resto de grupos de la oposición. Los argumentos de Chouciño responsabilizaban al alcalde de ciertas actuaciones opacas, además de solicitar también explicaciones de los expedientes, uno por uno, pero fue interrumpido en varias ocasiones por Sacristán, debido a que «a estas alturas no se puede hablar de responsabilidades todavía, porque eso lo decide un juez», advirtió. Finalmente, se votó la moción y la corporación decidió celebrar un pleno extraordinario para tratar exclusivamente este tema en el plazo máximo de 15 días. Incluso el propio alcalde ayudó a redactar la moción, introduciendo varios matices y sacando del texto la palabra «responsabilidad».

Las denuncias de los tres funcionarios municipales apuntan no solo a la implicación del alcalde en tratos de favor, sino también de otros concejales del grupo de gobierno socialista, como José Ramón Rioboo, responsable del área de Seguridad Ciudadana, Medio Ambiente, Servicios y Obras, así como el de Urbanismo, Diego Taibo. En la retahíla de documentación que mencionan los funcionarios en su denuncia, aparecen expedientes en materia urbanística, medioambiental y de seguridad cuya tramitación es presuntamente irregular ya que, entre otras cosas, no se terminan de ejecutar o se hace caso omiso a los informes negativos de la secretaria o del arquitecto municipal.

Entre otros expedientes, los funcionarios aportan datos sobre órdenes de demolición que supuestamente se encuentran paralizadas, viviendas que se rehabilitaron dentro de la línea de afección del aeropuerto de Alvedro sin las correspondientes licencias, proyecto o autorización de Aena, o terrazas de bares que no disponen de licencia. Algunos de los casos más llamativos que relatan los funcionarios es el de un expediente del año 2013 relativo a un aparcamiento anexo al Eroski Center de la avenida Ribados, en Acea de Ama. A pesar de que existe un informe negativo del departamento de Urbanismo y nota informativa desfavorable de la secretaria municipal, se permite que el solar sea utilizado para el estacionamiento de vehículos. Otro aparcamiento polémico es el situado en el solar sin urbanizar en la esquina de la avenida Ribados con la Costa da Lonxa. En este caso, los funcionarios mantienen que a pesar de la existencia de informes y denuncias policiales, el solar no está vallado correctamente y se utiliza como aparcamiento a pesar de no tener licencia para ello. En concreto, como párking para los clientes de un establecimiento hostelero próximo. El espacio se abre y se cierra con una cadena, favoreciendo la entrada a aquellas personas que van a comer o tomar algo a ese restaurante, cuando los informes municipales desautorizan ese uso.

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