La Marea ha cumplido siete de sus compromisos urgentes desde que llegó al gobierno
30 ago 2015 . Actualizado a las 18:37 h.El gobierno local de la Marea cumplirá cien días el próximo 21 de septiembre. En ese período prometió poner en marcha 25 medidas, «as máis urxentes». Siete ya se han cumplido, varias lo han sido parcialmente o están en trámite y otras no tienen fecha de aplicación. Esta es la situación de las 25 medidas a día de hoy.
Auditar y renegociar la deuda del Ayuntamiento apostando si es posible por la banca ética. Se ha revisado el estado de las cuentas por los medios habituales. La deuda no ha sido renegociada y los dos préstamos que ha firmado el gobierno fueron suscritos con Abanca y Banco Santander.
Publicar todos los contratos, resoluciones y retribuciones. Dar presencia a la oposición. La mayoría de los contratos de las fiestas no han sido publicados. Se ha denegado el acceso a la oposición, al PP, al menos a tres expedientes y documentos. El pleno aprobó integrar a a la oposición a la junta de gobierno y las mesas de contratación.
Auditar las concesiones y rescatarlas si incumplen las condiciones. No consta que se haya hecho ninguna auditoría a las concesiones aparte de los procesos de control ordinarios. Se renunció a municipalizar la ORA.
Activar el consejo social municipal. Ese órgano de participación aún está pendiente y no hay fecha concreta para reunirlo.
Abrir un turno de ruegos y preguntas en el pleno para los ciudadanos. El alcalde ha aprobado por decreto un turno de ruegos y preguntas para los ciudadanos de hasta diez intervenciones de tres minutos cada una. Se estrenará en la sesión ordinaria del día 7.
Crear juntas de distrito en los barrios e implantar los presupuestos participativos. Todavía no existen. La concejalía de Participación prevé iniciar el proceso para formar esos nuevos organismo durante los próximos meses.
Rebajar los salarios del gobierno y el número de asesores y cargos directivos. Se han reducido los sueldos de los ediles y el número de cargos directivos, aunque conservan el salario que tenían antes. El número de asesores creció de 21 del anterior mandato a 22, aunque su sueldos son menores. El ahorro en emolumentos del grupo de gobierno roza el 50 %, como se prometió.
Publicar las declaraciones de bienes, intereses, IRPF y Patrimonio del gobierno. Todos esos datos fueron publicados el pasado 23 de julio y pueden consultarse en la página web municipal.
No colaborar en desahucios y cancelar los saldos con bancos que los ejecuten. No se han facilitado medios para desalojos, aunque no consta que se hayan solicitado en ningún momento. El Ayuntamiento ha concedido un crédito al Banco Santander, una entidad muy criticada por las plataformas antidesahucios.
Aprobar un plan municipal de empleo. El documento está en tramitación, pero todavía se desconoce cuándo será aprobado.
Fomentar el comercio de proximidad y la pequeña y mediana empresa. El gobierno presentó un cambio del presupuesto que reducía esas partidas, pero fue rechazado por PP y BNG. La nueva propuesta, negociada con PSOE y Bloque, mantiene e incluso incrementa las partidas originales.
Crear una renta social municipal. Fue una de las promesas estrellas de la campaña electoral y se calculó que costaría unos tres millones de euros anuales. La concejala de Xustiza Social, Silvia Cameán, anunció a principios de agosto que estaban trabajando en su implantación, pero todavía no tiene fecha y no se ha modificado el presupuesto para consignar los fondos precisos.
Incrementar los recursos y personal de los centros de información a la mujer y otros. Los recursos y el personal de los centros de información a la mujer, orientación familiar y casa de acogida son los mismos que antes de las elecciones. El prometido observatorio municipal de políticas de igualdad y violencia de género está en tramitación.
Aprobar un plan de erradicación de asentamientos precarios. El edil de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, ha afirmado que se está trabajando en el documento, pero no está aprobado ni se ha puesto fecha para ello.
Rebajar la tasa del agua y aprobar nuevas bonificaciones y recargos del IBI. La tasa del agua y el impuesto de bienes inmuebles no se han tocado desde el cambio de gobierno. Aún se desconoce a cuánto ascenderán las bonificaciones y la rebaja del agua, ni si se aprobará algún cambio en las tasas para el próximo ejercicio.
Cambiar los criterios de contratación pública. Los criterios de contratación no han cambiado. Aunque se prometió dar priorizar los procedimientos abiertos, la mayor parte de las actividades de las fiestas se contrataron en procedimientos negociados o directos por falta de tiempo.
Aplicar la ley de memoria histórica en el callejero. El programa de la Marea decía que los nombres de calles vinculados al franquismo no pueden seguir «nin un minuto máis». Aún continúan donde estaban, pero está previsto cambiarlas este otoño en medio de una serie de actos culturales.
Aumentar el presupuesto y las actividades de las bibliotecas y los centros cívicos. Los fondos para actividades en centros cívicos aumentaron en 60.000 euros. En las bibliotecas no hay cambios, pero se han consignado 5.000 euros para reparaciones.
Instar a la Xunta a abrir los centros educativos por las tardes. No constan gestiones al respecto. En la reunión que mantuvieron Xulio Ferreiro y Alberto Núñez Feijoo a principios de julio no se tocó el tema, al menos según los comunicados que hicieron públicos Xunta y Ayuntamiento.
Incoar expedientes para cambiar el PGOM, el Pepri y el parque Ofimático. El Ayuntamiento no ha iniciado ninguno de esos procedimientos aún, pero el alcalde sí ha anunciado que el cambio del proyecto del Ofimático arrancará en los próximos días.
Iniciar la revisión de oficio los acuerdos de Someso. El procedimiento arrancó en julio, tras renunciar al proceso planteado por el PP en el Tribunal de Cuentas.
Revisar los convenios del Puerto del 2004. Los acuerdos siguen vigentes, aunque el gobierno los ha puesto en duda y ha instado al Puerto a buscar otras vías de financiación para Langosteira. La Autoridad Portuaria contestó que los considera válidos y que debe ser el Ayuntamiento el que ponga sobre la mesa otras soluciones.
Prohibir la cesión de recursos para espectáculos que supongan maltrato animal. El gobierno anunció en julio la rescisión del contrato de la feria taurina. La firma adjudicataria ha recurrido la decisión, que será analizada por el Consello Consultivo de Galicia, y podría suponer el pago de una indemnización.
Eliminar los puntos de vertido en la ría del Burgo. Según un informe de Augas de Galicia, aún existen varios puntos problemáticos. El gobierno está tramitando un plan para solventarlos.
Promover la movilidad peatonal y en bicicleta. Reordenar la red de transporte público. Emalcsa ha anunciado tres estaciones de Bicicoruña y reabrió la del Puerto, pero no hay más medidas. La revisión de la red de autobuses no se ejecutará hasta el 2017.