El pleno de Culleredo retira a Ferreiro y Marzoa competencias

Elena Silveira
Elena Silveira CULLEREDO

CULLEREDO

El alcalde dice que denunciará a las personas que se apropiaron del documento privado con su firma para avalar 1,3 millones

28 abr 2015 . Actualizado a las 05:00 h.

Después de conformar las mesas electorales para el próximo mes de mayo, el pleno de Culleredo aprobó ayer dejar sin responsabilidad municipal a los concejales socialistas Alicia Ferreiro y Narciso Marzoa. Todos los ediles, excepto el PP y los propios interesados, votaron a favor de la medida y no hubo lugar al debate. Así, Alicia Ferreiro, que tenía una dedicación exclusiva y era la cabeza política del área de Administración Local e Cultura, dejará de estar en la junta de gobierno. Al igual que Marzoa, que abandonará también sus responsabilidades en el área de Medio Ambiente, Servizos e Obras. Ambos, al no formar parte de la candidatura del PSOE para las próximas elecciones municipales, prefirieron integrar la lista de Alternativa dos Veciños. En concreto, Alicia Ferreiro será la número uno de la candidatura.

Por otro lado, en el pleno hubo un extenso debate a raíz de una moción presentada por BNG y PP en la que pedían al alcalde, Julio Sacristán, que aclarase por qué aparece su firma en un aval para una operación hipotecaria de 1,3 millones de euros vinculada a una empresa inmobiliaria. El regidor explicó que esa operación es de ámbito privado y que firmó el aval para ayudar a «unha familia amiga». Indicó que su aportación es «unha garantía máis sobre os bens que esta familia hipoteca. O banco non fixo unha excepción comigo nin se está volvendo tolo. A operación é totalmente legal».

El portavoz del PP, Antonio Cañás, admitió que la operación podría cumplir con la legislación vigente, pero dejó claro que «usted no avaló a una familia, sino una cantidad millonaria de una promotora». Y añadió que esa promotora y las personas ligadas a ella tienen intereses urbanísticos en el municipio. También puso en duda una serie de adjudicaciones a la empresa Obras y Servicios Proa, S.L.

Sacristán aclaró que esas contrataciones son anteriores a la firma del aval y que él nunca formó parte de una sociedad con la empresa de la citada familia. Anunció también que, tras cotejar la documentación que se aireó en los medios de comunicación, se reserva «as acciones legais que correspondan». «Porque aquí o delito é facer público un documento privado, que tiña que estar custodiado». Afirmó que tiene conocimiento de quien pudo hacerlo y que, después de tanto tiempo, lo saca ahora «cando máis dano pode facer». «Só me queda descubrir se ese documento se comprou, vendeu o se facilitou», advirtió.

Por otro lado, el pleno aprobó por unanimidad las ocho alegaciones al proyecto del Vial 18.