María Pita prorroga el contrato del acuario que desencadenó la Pikachu

Salvo sorpresa de última hora, la junta de gobierno local aprobará hoy la prórroga del mantenimiento biológico de la Casa de los Peces, que termina el próximo 27 de diciembre. El trámite es obligado, ya que no se ha celebrado un concurso público para contratar otra empresa. El documento y su tramitación fueron uno de los detonantes de la rama coruñesa de la Pokémon, la operación Pikachu, una investigación judicial instruida por la magistrada de Lugo Pilar de Lara que cuenta con decenas de implicados y está pendiente de resolución desde hace más tres años.

El contrato tiene un presupuesto de 635.000 euros anuales y cuatro años de vigencia. El 21 de noviembre del 2012 fue adjudicado a Sermasa, una filial del grupo Vendex, que según la investigación estaría en el centro de una red de sobornos y enchufes extendida por varios ayuntamientos.

El expediente que hoy va a la junta de gobierno, informado de forma favorable por los técnicos municipales, señala que el 24 de octubre los representantes de Sermasa solicitaron la prórroga durante dos años más, el plazo máximo previsto en el contrato; pero también dice que el plazo podría ser menor si antes se otorga el servicio a otra empresa, aunque en el perfil del contratante del Ayuntamiento no figura ningún procedimiento para volver a adjudicar el servicio.

Parte de los funcionarios y trabajadores municipales investigados en la Pikachu participaron en la adjudicación del contrato, en la que según la investigación se pudieron producir diversas irregularidades para facilitar que acabase en manos del grupo Vendex. Esa sospecha de favorecer a la empresa, «especialmente» en el caso del Acuario, según los investigadores, también pesa sobre el ex teniente de alcalde del PP, Julio Flores, al que se atribuye un presunto delito de tráfico de influencias y que siempre ha defendido su inocencia.

Después del estallido de la Pikachu, el anterior ejecutivo conservador se negó a conceder más prórrogas de contratos a Vendex, una empresa que trabajó durante décadas en el Ayuntamiento de A Coruña. En el 2012 aún facturaba en María Pita más de siete millones de euros anuales. La decisión del anterior gobierno local de limitar sus contratos le privó de más de cinco millones de euros en los años siguientes.

La pérdida más grave fue el contrato de la ORA, que también está siendo investigado por De Lara y es la otra pieza clave de la Pikachu. Vendex lo gestionó durante diez años, ingresando cerca de cuatro millones en cada ejercicio. El anterior gobierno del PP había dejado el nuevo contrato listo para adjudicarlo a otra empresa en verano del 2015. El nuevo ejecutivo de la Marea, que pretendía municipalizar el servicio, paralizó la adjudicación y dio varias prórrogas a Vendex, que ingresó cerca de 700.000 euros. Finalmente se renunció a la municipalización y se adjudicó el servicio a la ganadora del concurso.

La magistrada De Lara nunca prohibió que Vendex optase a prórrogas o se presentase a concursos. El 23 de noviembre del 2012 se hizo con los servicios complementarios del IMCE, valorados en 52.000 euros mensuales. Ese contrato finaliza este mes y, como ocurre con el Acuario, no se ha completado un concurso para adjudicarlo a otra firma. Por lo tanto, Vendex seguirá cobrando mediante la entrega de facturas, un proceso irregular en la Administración que obliga al alcalde a autorizar todos los pagos.

El gobierno no comentó la prórroga del contrato del Acuario.

Dos piezas sobre la casa de los peces fueron archivadas

Además de la rama principal de la Pikachu, la jueza de Lara separó dos piezas sobre otras presuntas irregularidades cometidas en la Casa de los Peces que remitió a los juzgados de A Coruña. Las dos han sido archivadas sin que las magistradas que las instruyeron encontrasen indicio de delito alguno en los investigados. Se referían a la contratación de las obras del aparcamiento trasero y de los efluentes del acuario.

El gobierno local tramita otros tres cambios en los presupuestos de este ejercicio

La junta de gobierno local también dará hoy el visto bueno a tres cambios en el presupuesto, que se suman a los 12 que ya fueron a pleno este año. Uno de ellos asciende casi a 1,2 millones de euros, que se destinarán al pago de facturas atrasadas del bonobús. Los otros dos son el resultado de dividir un cambio presupuestario anterior, el expediente M5B, que pretendía cambiar el destino de 700.000 euros destinados a pagar expropiaciones para la intermodal y fue rechazado en el pleno anterior. Ese documento se ha dividido ahora en el M5B1 y el M5B2, lo que podría facilitar su aprobación en el pleno, al separar puntos con los que la oposición no está de acuerdo. Eso mismo se hizo con el expediente M5, que se troceó y dio lugar al M5B y sus «hermanos» M5A y M5C, que sí fueron aprobados por la oposición en el último pleno al contener pagos para proyectos sociales.

---

---

---