Las medidas impulsadas este año por las administraciones no frenan las ejecuciones, pero sí atienden o ayudan a más familias para evitar que queden en la calle
17 oct 2016 . Actualizado a las 07:37 h.Ya sin los focos de años atrás, sin apenas manifestaciones y concentraciones de apoyo a coruñeses que pierden su vivienda, los desahucios siguen estando ahí en mayor número incluso que cuando los políticos de diferentes formaciones se sumaban a las protestas. Los números de este año son más o menos los mismos que los del pasado. Desde enero, se viene registrando una media de 45 alzamientos al mes. Son casi dos al día en A Coruña; si bien en septiembre se produjeron 39.
Y esto no va a ir a mejor mientras la crisis económica esté ahí. Así lo cree Ángel Garmendia, funcionario judicial que a diario se encuentra de frente con familias desahuciadas, a las que pide ceder sus datos personales al Ayuntamiento para que sean los Servicios Sociales los que se ocupen de cada caso.
Garmendia es pesimista. Opina que «los desahucios no van a disminuir mientras continúe sobre nosotros la crisis, sea quien sea el que gobierne. Lo único que pueden hacer las administraciones, tanto locales como autonómicas, es mejorar la coordinación entre ellas para que aquellas personas que pierdan su casa tengan recursos y una vivienda para hacer frente a la situación». Esa coordinación de la que habla el agente judicial es «mejor» que meses atrás. «Se ha avanzado algo», dice, pero se debe seguir en esa línea de colaboración.
La propia concejala de Servicios Sociais, Silvia Cameán, apuesta por lo mismo, por «unha maior implicación de todas as Administracións e entidades con competencias para evitar que existan familias que queden nunha situación de total vulnerabilidade». La edila señaló que «o goberno local traballa para evitar que nesa cidade se produzan desafiuzamentos», y mencionó medidas impulsadas como la Renda Social o el Programa de Aloxamentos Temporais.
Otro esfuerzo para mitigar la situación es la oficina municipal para mediar entre los coruñeses en riesgo de desahucio y las entidades financieras o particulares con las que hayan contraído deudas. En caso de no conseguir el acuerdo entre las partes, el servicio del Concello prestará a los afectados asistencia jurídica gratuita.
Ya en los juzgados están a disposición de los afectados unos folletos encargados por el Ayuntamiento en el que informa de las ayudas municipales.
La Xunta, por su parte, lanzó una serie de medidas para hacer frente al desamparo en el que quedan las familias afectadas. La conselleira de Vivenda, Ethel Vázquez, anunció hace meses doce acciones de protección y apoyo a quienes pierdan su casa», Por ejemplo, «os convenios coas entidades financeiras, que representan o sesenta por cento do mercado hipotecario en Galicia; logo o bono alugueiro social que o acabamos de ampliar e nas grandes cidades pasamos de 150 euros ao mes durante dous anos a 200 euros ao mes, cunha axuda adicional incrementada de 450 euros a 600 euros. Tamén está o convenio co Consello da Avogacía Galega, co que prestamos asesoramento xurídico gratuíto a persoas sen recursos», explicó Vázquez.
Vázquez pide a los concellos que se adhieran a este proyecto. «O obxectivo é crear unha bolsa de vivendas desocupadas para destinalas a alugueiro social, e por iso precisamos a colaboración dos concellos», asegura la conselleira. Por el momento, el Ayuntamiento coruñés está hablando con la Xunta de ello.