La jueza no aprecia delito en una pieza separada remitida por Pilar de Lara, dice que Aduanas no comprobó los hechos y reprocha al Ayuntamiento falta de colaboración
24 abr 2016 . Actualizado a las 05:00 h.La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de A Coruña ha ordenado el archivo de la investigación abierta por las presuntas irregularidades en la adjudicación de unas obras en el Acuario de A Coruña en el 2009. La jueza toma esa medida de acuerdo con el Ministerio Fiscal, que la había solicitado antes, al considerar que «no ha llegado a acreditarse la perpetración del delito».
La causa era una de las piezas separadas que fueron remitidas a los juzgados de A Coruña por la magistrada Pilar de Lara, instructora de la operación Pokémon.
La investigación partía de la declaración de un testigo protegido por la jueza de Lugo, que aportó diversos documentos relacionados con la adjudicación, firmada en el 2009 por el exconcejal socialista José Nogueira.
Las pesquisas intentaban probar si se cometió un delito de tráfico de influencias, ya que según un informe del servicio de vigilancia aduanera, al que De Lara encargó la investigación, Nogueira habría puesto como condición para adjudicar la reforma, valorada en 240.720 euros, que se contratase la dirección de obra a una persona en concreto.
La jueza de A Coruña, «como acertadamente sostiene el Ministerio Fiscal», afirma que los datos aportados, «que no fueron objeto de comprobación por el grupo policial», serían «en caso de ser ciertos» más reveladores «de un delito de prevaricación» que de uno «de tráfico de influencias».
Los informes municipales
Con el fin de esclarecer los hechos, la jueza ordenó el 30 de julio del 2015 al Ayuntamiento una serie de documentos relacionados con la adjudicación. Debían remitirse al juzgado «a la mayor brevedad posible», pero no obtuvo respuesta. El pasado 28 de octubre envió otro escrito al Ayuntamiento reiterando la orden y recordando que debía cumplirse «a la mayor brevedad». El 12 de noviembre se envió una respuesta desde el servicio de museos científicos en la que su responsable argumenta, entre otras cuestiones, que los hechos son anteriores a su llegada al puesto.
En consecuencia, la jueza, en su auto de archivo, dice que los informes del Ayuntamiento «poca luz arrojaron sobre los hechos». También se llamó a declarar a los investigados, entre ellos a José Nogueira, y a varios funcionarios y técnicos. De sus declaraciones la jueza concluye que «no existen indicios de que se hubiera influido en los procedimientos administrativos, ni cuándo, cómo o de qué manera»; y se atribuye lo sucedido a un «error material». Además, en coincidencia con el fiscal, señala que el delito de tráfico de influencias se suele desarrollar de «forma subrepticia» y que en este caso la decisión se publicó en un «diario oficial». Por lo tanto, ante la falta de indicios ordena el archivo de la investigación.