Una vecina afirma que le llegaron 14 notificaciones en dos remesas de febrero y marzo
22 abr 2016 . Actualizado a las 11:26 h.Los vigilantes de la ORA imponen cerca de un centenar de sanciones cada día, según fuentes municipales. Esa cifra supone un importante incremento con respecto a las cantidades que se manejaban en años anteriores, pero es inferior al del pasado mes de diciembre, cuando se pusieron en marcha los nuevos criterios para administrar el servicio y, según las mismas fuentes, se llegaron a rondar las 200 al día.
El incremento ha coincidido con la entrada en funcionamiento de la nueva concesión, tramitada por el anterior gobierno del PP y adjudicada por el ejecutivo actual de la Marea. Las nuevas condiciones del servicio pretenden solventar los problemas que arrastró el contrato durante la década anterior, cuando estaba gestionado junto a la grúa y provocó, con la excepción de los primeros años, fuertes pérdidas económicas al Ayuntamiento porque no se cubrían los gastos.
El nuevo contrato de la ORA está sujeto a dos cánones que la empresa adjudicataria debe pagar al Ayuntamiento cada año.
En el pasado, las multas se enviaban solo a reincidentes, pero desde que entró en funcionamiento la nueva concesión el Ayuntamiento decidió notificar todas las sanciones. Además, los trabajadores han ampliado su horario, de manera que los períodos «de gracia» que antes se producían a primera hora y a partir de las 13.30 horas ya no existen.
Los vigilantes presentan las demandas pero el procedimiento de «denuncia voluntaria», es decir como un particular que denuncia a otro por cualquier motivo, ya que no son agentes de la autoridad como un policía local. Para dar validez a sus escritos, fotografían los coches mal estacionados. En Lugo, donde se utiliza un mecanismo similar, dos vigilantes firman cada denuncia, de manera que si hay contradicción con el conductor su demanda cuente con mayor validez ante posibles recursos administrativos o en los tribunales.
Como se ponen más sanciones, el Ayuntamiento, que las notifica, afronta mayor papeleo. Para facilitar los trámites, la Administración local está enviando las sanciones en remesas cada 15 días. Ese procedimiento, que permite ahorrar costes en personal, ha provocado que a algunas personas les lleguen numerosas multas juntas. Es el caso de una vecina de la zona de Fernández-Latorre, a la que llegaron seis sanciones juntas impuestas en la segunda quincena del mes pasado.
Ayer surgió otro caso similar, se trata de una empleada pública, llamada Pilar, que compareció ante la prensa en la sede del PP. Afirmó que le han llegado dos remesas de multas, cuatro de ellas impuestas en dos días del mes de febrero, y diez en unos cuantos días del mes de marzo. Según explicó, todas ellas estaban motivadas por superar el tiempo cubierto por los tiques que había adquirido en la máquina, en algún caso por causas ajenas a su voluntad como «el dentista».
Pilar señaló que gran parte de esas sanciones no le fueron advertidas con un tique en el parabrisas, por lo que las desconocía. Otro tanto dijo la vecina de Fernández-Latorre, que supo de las multas cuando le llegaron.
los problemas de la movilidad
El PP critica que no se han habilitado el sistema para anular las multas en el momento
La concejala del PP Begoña Freire criticó ayer la «mala gestión» del gobierno local sobre la ORA, que está convirtiendo «una oportunidad» para los coruñeses «en un infierno» con vecinos que reciben «decenas de multas».
Freire recordó que el primer «patinazo» fue prorrogar a la anterior adjudicataria, Vendex, teniendo que pagarle «un millón de euros», para luego renunciar a municipalizar el servicio y adjudicar el concurso que había tramitado el anterior gobierno. A partir de ese momento, la concejala cree que «no se ha informado correctamente» a los ciudadanos sobre las novedades en la gestión del servicio, y tampoco se ha modificado la ordenanza que permitía introducir cambios que beneficiaban a los usuarios.
Uno de ellos, que según la edila tendría que haberse implantado desde el primer día, es la posibilidad de «anular la denuncia» en la misma máquina que expende los tiques pagando uno o dos euros y no los 60 de la sanción completa; una posibilidad que sí se utiliza en otras ciudades donde la ORA se gestiona de forma similar a la de A Coruña.
Freire advirtió que sin esa y otras mejoras que estaban incluidas en el contrato que el anterior gobierno sacó a licitación, el actual servicio adquiere «un carácter recaudatorio» que genera «gran malestar» en los ciudadanos, que no fueron advertidos de los cambios. Por eso ha instado al gobierno a aprobar «cuanto antes» la nueva ordenanza, y no descartó la presentación de alguna iniciativa en el pleno para instar a que se aceleren los trámites.