La junta de gobierno también aprobó desistir de la demanda ante el Tribunal de Cuentas que el anterior gobierno había planteado por el caso Someso, e impulsar una petición de revisión de oficio para anular los acuerdos urbanísticos del 30 de septiembre del 2005, en los que a juicio del ejecutivo se concentran las posibles irregularidades en la urbanización que han provocado pérdidas patrimoniales al Ayuntamiento por casi 20 millones, y el pago de indemnizaciones a propietarios afectados por una cantidad similar.
El gobierno no es el único que piensa de esa manera. De hecho, la petición de revisión de oficio de esos acuerdos que ha comenzado a tramitarse es la presentada por el anterior portavoz del BNG, Xosé Manuel Carril, el 8 de febrero del 2013. Esa solicitud había permanecido hasta ahora parada, pero la actual asesoría jurídica coincide en que «pode haber causa de nulidade», explicó Xulio Ferreiro, por lo que han decidido tramitarla.
El regidor subrayó que la renuncia a la demanda en el Tribunal de Cuentas «non significa que non esteamos dispostos a reclamar, senón que esa non era a vía correcta». El ejecutivo y su asesoría jurídica creen que esa reclamación iba a fracasar (el fiscal había pedido su archivo), lo que causaría que las costas se cargasen al Ayuntamiento.