Una mordedura en los tribunales

Antón S. Rodríguez BERGONDO / LA VOZ

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Diego Alejandro tenía 10 años cuando sufrió el ataque en San Fiz en junio del 2012.
Diego Alejandro tenía 10 años cuando sufrió el ataque en San Fiz en junio del 2012. CÉsar Delgado< / span>

El trágico ataque de un perro dejó sin labio a un niño de Bergondo cuando paseaba en bicicleta. Su familia acaba de recurrir el archivo de la causa

01 mar 2015 . Actualizado a las 10:15 h.

Al niño Diego Alejandro Fontes, el día de San Juan del 2012 le quedó marcado en el rostro para siempre. Esa jornada paseaba con su bicicleta por la zona de San Fiz, en Bergondo, cuando un perro saltó sobre él y le mordió la cara. Los propietarios de la finca de la que se había escapado el animal cogieron con urgencia al niño rumbo al hospital. A pocos kilómetros, entre Guísamo y Cortiñán, tomó el relevo una ambulancia, donde la madre de Diego se encontró con su hijo. «El personal médico me prohibió verlo», recuerda Laura Cancela. Desde entonces, el niño ha vivido un carrusel de operaciones y costosos tratamientos que han resucitado poco a poco su rostro, además de pasarse dos meses comiendo con pajita. Su evolución médica ha corrido paralela a la vía judicial, después de que los padres demandasen a los dueños del perro. «El ataque se produjo en la carretera, el perro estaba suelto y cuando entraba un vehículo se escapó y atacó al niño, no fue en la finca», destaca el abogado de la familia demandante, Ezequiel Varela Charlón. Él y la familia se acaban de llevar un jarro de agua fría con el último auto emitido en el juzgado. Se ha decretado el sobreseimiento provisional, si bien «sin perjuicio de las acciones civiles que puedan corresponderle». De hecho, el juez insinúa en su auto que el niño debe ser indemnizado, si bien por la vía civil. Pero considera que las causas que provocaron el lamentable incidente «no se pueden calificar de imprudencia penal». El abogado presentó el recurso en el plazo establecido. Considera que el perro, un cruce de Alaskan Malamute y Pastor belga, debía estar atado en el interior de la finca, dado su potencial peligro. «De hecho, cuando posteriormente fue el Seprona a investigar estaba atado, y se puso tan agresivo que no pudieron comprobar si tenía microchip», añade. «Es relevante que la propietaria del animal reconoce que había dado de alta al perro en el registro gallego de identificación de animales de compañía y potencialmente peligrosos, lo que ya de principio presupone la peligrosidad del animal conocida por su dueña», argumenta el abogado en su apelación. Otra de las objeciones al auto es el hecho de que nadie ha acudido a declarar al juicio, solo la madre del menor atacado, y la parte demandante propone hasta a cuatro personas entre imputados y testigos.

«Esta situación es injusta -?esgrime la madre-, no estoy pidiendo dinero, pero mi hijo ha de recibir unos tratamientos muy costosos que no cubre la Seguridad Social y por algo en lo que él no tuvo ninguna culpa, solo paseaba por una carretera».

Los demandantes no han conseguido que declaren los dueños del can