Tres de los inquilinos irregulares se fueron voluntariamente y un cuarto está a la espera de ayuda municipal en un inmueble en el que quedan cuatro casos por resolver
28 ago 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Los graves problemas de convivencia que atenazaban a los vecinos de los bloques 15, 17, 19 y 21 de la calle Ribeira Sacra, en Novo Mesoiro, están cerca de resolverse. Durante años, los residentes en esos edificios sufrieron un constante goteo de robos, incendios y actos vandálicos, provocados por varios grupos de residentes irregulares, algunos procedentes de Penamoa, según fuentes policiales, que asaltaron apartamentos destinados en origen a personas con derecho a una vivienda de protección oficial.
Los incidentes se sucedieron desde el 2013, incluyendo incendios en los trasteros, la aparición de coches desmontados parcialmente en los garajes, donde también se quemaron otros tres turismos, la sustracción de 22 radiadores en apartamentos vacíos o 160 metros de cable de los sistemas de bombeo entre otros.
El pasado mes de febrero, tras una nueva oleada de problemas, la Xunta decidió tomar medidas para expulsar a los irregulares. En febrero mantuvo una reunión con los residentes para informarles de que había puesto en marcha los expedientes, siempre complejos en el caso de un desalojo, para recuperar cuatro apartamentos que continuaban ocupados de forma irregular.
Los trámites del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) y la administración gallega dieron frutos unos meses más tarde, cuando los ocupantes de dos pisos se marcharon de forma voluntaria. También se fueron por su propia voluntad los ocupantes de un tercer apartamento, pero la Xunta está a la espera de una autorización judicial para hacerse de forma definitiva con él, explican fuentes del Gobierno gallego.
Queda un cuarto apartamento, la Xunta podría haber forzado la expulsión de su ocupante el pasado día 12, cuando finalizaba el plazo que el juez dio a su ocupante para marcharse, pero la inquilina es una mujer con tres hijos, uno de ellos de 11 años. No tenían otro lugar donde vivir, y el trabajo del Ayuntamiento para darle una alternativa -la Xunta no puede hacerlo por cuestiones legales- no había dado resultado.
Finalmente, se llegó a un acuerdo con ella para que se vaya de forma voluntaria a mediados de septiembre, de forma que los servicios municipales tengan más tiempo para facilitar un arreglo.
Si todo sale como está previsto, los técnicos de la Xunta, que durante estos meses han mantenido reuniones con los vecinos para explicarles los avances en el proceso, cuentan con que todos los apartamentos estén en manos de la Administración en octubre.
Los dos pisos ya recuperados necesitarán algunas reparaciones, señalaron las mismas fuentes, ya que sufrieron diversos desperfectos durante los años de ocupación irregular, aunque no serán necesarias obras mayores.
Una vez recuperados y arreglados todos los pisos, la intención del Gobierno gallego es que vuelvan a cumplir con su propósito original y adjudicarlos de nuevo a personas con derecho a residir en una vivienda protegida.
Infraestruturas dice a los taxistas que la llegada del bus comarcal no afectará al tráfico
La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, se reunió ayer con los responsables de la Federación Galega de Taxistas (Fegataxi) para analizar las alegaciones de ese colectivo al plan de transporte de la Xunta, que prevé la llegada de los autobuses comarcales al centro de la ciudad.
Vázquez insistió en que tratarán de compatibilizar sus demandas con el proyecto y con el interés general de los ciudadanos. También les informó de que los nuevos estudios que está realizando la Xunta indican, como los anteriores, que el tráfico en la ciudad «non se verá afectado» por la llegada de los autobuses.
El presidente de Fegataxi, Manuel Sánchez Quindimil, insistió en que el proyecto de la Xunta podría ser «muy perjudicial» para el colectivo al que representa, afectado, entre otros problemas, por el exceso de licencias concedidas durante los últimos años.
Vázquez puso la reunión con la entidad como un ejemplo de la voluntad de diálogo de la Xunta, e insistió en que se tendrán en cuenta todas las aportaciones para «enriquecer» el proyecto.
Además de la federación de taxis, la Compañía de Tranvías, los ayuntamientos de A Coruña, Abegondo y Oleiros, y varias empresas han puesto alegaciones al plan. El consistorio coruñés, que presentó sus reclamaciones fuera de plazo, es el único de los tres que ha pedido la suspensión del plan, insistiendo en que contiene errores técnicos y legales. También la Compañía de Tranvías se ha mostrado contraria al documento. Aun así, la conselleira llamó esta semana al diálogo para poner en marcha el proyecto antes de que acabe el año.