Denuncian que el 14 % de la plantilla municipal ocupa puestos repartidos «a dedo»

La Voz A CORUÑA / LA VOZ

A CORUÑA

La CIG estudia llevar a la Fiscalía los ceses por día de personal vuelto a nombrar al día siguiente

26 may 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

El sindicato CIG ha presentado en el Contencioso una denuncia contra el sistema de adjudicación de plazas en comisión de servicios que emplea en María Pita el gobierno local de la Marea. «Se ben o uso da figura da comisión de servizos para a cobertura das vacantes non é algo novo no Concello, o certo é que este goberno o está a levar ao extremo, convertendo algo que debería responder a motivos de urxencia e necesidade en algo habitual», indicó ayer el secretario de la sección sindical de esta central, José María Calatayud.

Explicó que en el Ayuntamiento existe actualmente una plantilla cercana a los 1.500 trabajadores, de los que unos 200, dijo, están en algún puesto en comisión de servicios. Calatayud lamentó que «o goberno local se preste a promover dedazos porque non lle debe gustar o resultado dos concursos, da carreira profesional á que teñen dereito todos os empregados e empregadas da Administración».

El 14 % del total de la plantilla estaría en esa situación laboral prevista para casos excepcionales. Además, de las 200 comisiones de servicios habría unas 150, según Calatayud, «nunha situación de irregularidade, ao superaren os dous anos máximos que permite a lei para este tipo de provisión de postos».

El sindicato, dicen, pidió al gobierno local desde su toma de posesión que convocara concursos para regularizar la situación. Lejos de hacerlo, añaden, «as medidas que foron adoptando non serviron máis que para afondar neste problema».

El sindicato censuró que la Marea trate de darle «unha aparencia de obxectividade» al sistema que aplica, creando unas bases para concursos con ese fin. «Con isto só conseguiron que un proceso que debería ser áxil e inmediato adquira a complexidade do proceso normal, que é o concurso», pero eliminando requisitos como la permanencia mínima de dos años en el puesto para concursar.

Además, dicen, ese procedimiento se sigue sin aplicar por ahora en el nombramiento de las jefaturas, «que se seguen a cubrir a dedo».

Calatayud cree que, además, se puede estar produciendo un fraude de ley porque no se está aplicando el mismo sistema para todo el personal. «A unhas persoas césanas cando rematan os dous anos do prazo máximo e a outras non», indica el sindicalista, que además apuntó que los servicios jurídicos de la central están estudiando acudir a la Fiscalía por una posible prevaricación en determinados nombramientos: «Nalgúns casos nos que se esgotou o prazo máximo de dous anos, cesa ás persoas un día para volvelas a nomear ao día seguinte», apunta.

Más allá del caso de las comisiones de servicio, el actual gobierno local acumula ya una serie de sentencias contrarias a los nombramientos de jefaturas de servicios, que se habrían cubierto con personal externo y sin recurrir al propio mediante los concursos y sistemas de promoción interna existentes.