El futuro de La Solana y el Finisterre sigue todavía sin concretarse pese al interés municipal en hacerse con el complejo deportivo y en el apoyo del gobierno local al movimiento que reclama la cesión gratuita de los terrenos portuarios que queden libres.
Ayer el presidente del ente público, Enrique Losada, informó a los integrantes del consejo de que la actual concesionaria de La Solana y el Finisterre, que había ofrecido 10 millones de euros por ambos mediante un aval que expiraba el mes pasado, ha renovado ese aval por idéntica cantidad reiterando así su interés en pujar por los dos bienes en caso de que se convoque una subasta.
El proceso de venta se frenó en dos ocasiones en el último momento por el interés, en los dos casos, del Ayuntamiento en que La Solana siga siendo pública. La primera vez el gobierno local ofreció 1,4 millones, el precio de tasación, por La Solana. El Puerto le dio seis meses de plazo al consistorio para concretar la oferta, en ese período Río Mero, la actual concesionaria, ofreció 10 millones. Transcurrido el plazo la Autoridad Portuaria consideró que María Pita no había concretado la oferta y reactivó la subasta.
Reunión pendiente
El movimiento causó numerosas críticas y una vez más se volvió a frenar la venta. En la disputa entre Puerto y Ayuntamiento medió el presidente de Puertos del Estado, José Llorca. Entonces las partes quedaron en tener, en unos días, una reunión a tres bandas para hablar de la totalidad de los terrenos y en la que el consistorio haría una oferta global con la gestión pública como meta. Sin embargo, han pasado tres meses y Llorca todavía no se ha reunido con responsables municipales. Aplazó el encuentro en varias ocasiones a raíz de los problema de la estiba. Por su parte, la Marea tampoco hizo pública cuál iba a ser su oferta.
La última anulación de la subasta llevaba aparejado un nuevo plazo de seis meses para que se alcanzase un acuerdo. Ese plazo sigue corriendo y caduca el próximo 23 de agosto. Si para entonces no hay un pacto cerrado o a la vista, lo más probable es que la Autoridad Portuaria reactive el proceso de enajenación. El aval de Río Mero, con todo, va más allá de esa fecha y será efectivo todavía otros seis meses más, hasta enero del 2018. La puja de la empresa es de 10 millones, 4 millones más del precio de salida fijado el año pasado para la venta conjunta de hotel y complejo de ocio.
La venta de terrenos portuarios para financiar 250 millones de los cerca de 800 millones del puerto exterior se firmó en un convenio entre Ayuntamiento, Xunta y Estado en el 2004. La Marea quiere cambiar ese documento, pero nadie ha aclarado de dónde saldrán los millones si finalmente no se vende el suelo.