Dos familias afectadas por el derribo de la nave de La Toja siguen sin piso

Nadie dijo que iba a ser fácil. Han pasado ya dos semanas desde la demolición de la nave ruinosa de La Toja que amenazaba con desplomarse sobre cinco familias y los problemas siguen ahí. Cierto es que el poblado menguó considerablemente, pero a costa de que sus 130 habitantes vivan ahora más apiñados. Además, por muy ancha y larga que sea la valla que rodea el solar donde se levantaba la estructura, los que junto a ella residían pueden regresar al lugar si ese es su deseo. Una sentencia del TSXG dictada en junio del 2015 otorgaba a los chabolistas derechos posesorios del terreno -llevan ahí 35 años- y advertía al Ayuntamiento, al que encomendaba la tarea de reubicarlos, de que los afectados podrían volver al mismo lugar en cuanto terminasen los trabajos.

Nadie lo hizo. Pero saben que lo pueden hacer pues la Justicia les asiste. Y no lo hicieron por el momento porque confían en las promesas del Ayuntamiento. El gobierno local anunció hace meses a las cuatro familias que residían junto al muro ahora derribado que antes de su demolición tendrían una vivienda. Pero solo alojaron a dos de ellas, obligando al resto a buscarse la vida con familiares en lo que queda de asentamiento.

Víctimas del incendio

Tampoco encontraron una solución para el matrimonio con una hija que perdió su chabola y todas sus pertenencias en un incendio el mes pasado. Continúan acogidos en la vivienda de un pariente pese a que les habían asegurado que encontrarían un piso para ellos de manera urgente.

También era urgente el realojo de las cuatro familias afectadas por la demolición de la nave y dos de ellas están a la espera. Y eso, pese que aquella resolución judicial del 2015 ordenaba al Ayuntamiento la reubicación de las personas allí residentes. «Me habían dicho que antes del derribo tendría las ayudas de alquiler para un piso. Pasaron dos semanas desde que tiraron abajo la nave y nadie del Ayuntamiento vino por aquí. Pero bueno, espero que cumplan», decía ayer Antonio, uno de los afectados.

Antes de que Arquitectos Sin Fronteras, que lleva muchos años publicando que se ocupa de las necesidades de los chabolistas de A Pasaxe, entrase a formar parte del equipo municipal de erradicación del chabolismo, aseguraba que el problema en el asentamiento no era solo el de la nave, sino el de las familias que residen en sus inmediaciones y que «pueden ser desterradas de su hogar habitual sin un plan alternativo que les garantice una existencia digna».

Ayudas con caducidad

Pero esa «existencia digna», por el momento, solo la disfrutan la familia de Vanesa y la de Rosa. La primera fue reubicada en un piso de Eirís. El ayuntamiento se comprometió a ayudarles con el pago de la mitad de la renta y los gastos. Igual que a Rosa y los suyos, a quien le encontraron una vivienda en los Castros. La ayuda no será de por vida. Xustiza Social se ocupará de su seguimiento y formación para que en unos meses puedan valerse por sí mismos.

El gobierno local, que cambió por completo el equipo que trabajó en los últimos 15 años en la erradicación del chabolismo, presentó en el 2016 su plan, que contaba con empezar a trabajar ese mismo año con entre 20 y 30 familias para buscarles «alternativas dignas de vida». Sin embargo, durante el año pasado ni una sola familia abandonó el poblado de la conservera Celta. Según los datos del consistorio, de los 69.989 euros presupuestados en el 2016 para erradicar el chabolismo, solo se invirtieron 2.332.

---

---

---