Las tramita la Diputación, pero en el 2016 el Ayuntamiento no le envió sanciones
19 abr 2017 . Actualizado a las 14:22 h.Incumplir la normativa de circulación en A Coruña le salió gratis a cientos de infractores que residen fuera de la ciudad, y que en el 2016 decidieron no pagar en el período voluntario las multas que les impuso la Policía Local.
El motivo es que el Ayuntamiento no remitió los expedientes de las sanciones a la Diputación, que desde el año 2012 tramita esas multas cuando es necesario aplicar la vía ejecutiva porque el infractor no ha pagado durante el período reglado.
Los datos proceden del informe de la Intervención municipal sobre el cumplimiento del plan de ajuste económico del Ayuntamiento, iniciado en el 2012 con el fin de reducir la deuda existente.
La segunda medida del plan de ajuste consistía en garantizar el cobro de las sanciones de tráfico impuestas a conductores que no residen en A Coruña. Esa tarea ofrece dificultades a los ayuntamientos, ya que carecen de competencias fuera de sus términos municipales. Para salvar ese obstáculo, en mayo del 2012 se firmó el citado pacto con la Diputación, con el que se preveían ingresar cerca de 800.000 euros al año.
En concreto, en el 2016 estaba previsto ganar 767.260 euros en multas impuestas a no residentes, pero la cifra real fue cero.
Así lo indica la Oficina Presupuestaria en el citado informe de la Intervención, incluido en la liquidación general del año pasado: «Durante el ejercicio 2016 no se han enviado relaciones de multas apremiadas a la Diputación, por lo que no se liquidó ningún importe por este concepto».
Claro que hubo quien sí pago las sanciones: los conductores de fuera de la ciudad que las afrontaron en el plazo reglado, y la inmensa mayoría de los infractores que residen en A Coruña, contra los que el Ayuntamiento puede utilizar la vía ejecutiva de manera directa.
En total, esos colectivos pagaron al Ayuntamiento algo más de 3,1 millones de euros durante el 2016 en multas de circulación. Es una cifra considerablemente menor a la alcanzada en el 2015, cuando se ingresaron cuatro millones de euros por sanciones, aunque la diferencia se reduciría de forma considerable si se hubiesen cobrado los citados 767.260 euros en multas apremiadas a conductores no residentes.
Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento acaba de endurecer su política de control del tráfico, con el despliegue de patrullas específicas para combatir esas infracciones. Esos operativos están dando sus frutos. En la noche del sábado al domingo se sancionó a 32 conductores que habían estacionado de forma irregular en la zona de la movida nocturna. El lunes por la mañana, la Policía Local barrió las inmediaciones del hospital Materno, en la que suelen producirse numerosas infracciones de la norma de aparcamiento. Por la tarde, los agentes vigilaron con ayuda de un radar la velocidad del tráfico en el túnel de María Pita.
Esos dispositivos se activaron después del bajón de multas registrado en el 2016, y del pronunciado descenso de los ingresos por sanciones ocurrido en enero y febrero de este año, cuando se recaudaron 178.200 euros en multas, poco más de la mitad de lo que se ingresó durante el mismo período del año anterior.
Los ingresos por la tasa de terrazas están por debajo de lo previsto en el plan de ajuste
Además de perder los ingresos por sanciones a residentes fuera del municipio, el informe de Intervención también destaca que no se ha alcanzado la recaudación prevista por la tasa de ocupación de vía pública que deben pagar las terrazas de hostelería.
En el citado plan se calculaba que las terrazas reportarían al Ayuntamiento 212.273 euros durante el año pasado. Los presupuestos de ese ejercicio eran algo menos optimistas, y cifraban la recaudación en 195.000 euros. Sin embargo, al final solo se ingresaron algo menos de 35.600 euros.
Esa situación no es nueva. El Ayuntamiento nunca ha logrado que se cumplan sus previsiones de ingresos por la tasa de terrazas, incluso después de la aprobación de una nueva ordenanza durante el mandato anterior.
Tampoco se han alcanzado los ingresos previstos por la tasa de bodas, 32.000 euros anuales, que fue aprobada en el anterior mandato para compensar los gastos derivados de las ceremonias. La tasa fue suprimida el año pasado.
Medidas de ahorro en marcha
Sin embargo, otras medidas del plan de ajuste, sobre todo las de ahorro, sí se están aplicando, la mayoría ya desde hace años. Una de ellas es poner fin a los alquileres de oficinas para servicios municipales, en los que se han dejado de gastar cerca de 180.000 euros al año. La eliminación de los vehículos oficiales, aplicada durante el anterior mandato, supuso el ahorro de otros 146.000 euros. En telefonía móvil se ha recortado el gasto en más de 311.000 euros con respecto al 2011, mientras que en seguros médicos privados se ahorraron otros 245.000 euros.