El alcalde cede su principal área de gestión y sus concejales tienen desde ayer más capacidad de decisión personal que sus predecesores de PP, PSOE y BNG en gobiernos con mayoría absoluta
19 abr 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Cuando se tramitaron los presupuestos del 2016, el gobierno local intentó introducir una reforma en las bases de ejecución que habría otorgado al alcalde una capacidad para cambiar el documento por decreto de la que no disfrutaron ninguno de sus predecesores, ni Francisco Vázquez, ni Javier Losada, ni Carlos Negreira, que dependían del plácet del pleno. PP y PSOE impidieron que la reforma viese la luz.
El pleno, que iba a ser el centro de la vida municipal en este mandato, según insistían los candidatos de la Marea en la campaña del 2015, es ninguneado por el gobierno local, que defiende y ejerce su derecho a ignorar sin más las mociones de la oposición, incluso cuando son aprobadas por los 17 votos de PP, PSOE y BNG contra los 10 de la Marea.
Sin posibilidad de llegar a alianzas estables, tras rechazar las aproximaciones del PSOE y romper unilateralmente el acuerdo con los socialistas para aprobar las cuentas de este año, la tendencia del actual gobierno a acumular más poder en sus diez concejales que sus predecesores a costa de las competencias de los órganos colegiados -sea el pleno o la junta de gobierno- se ha acelerado. Ayer mismo, la junta de gobierno -en la que solo tienen voto los diez ediles de la Marea- aprobó entregar parte de sus competencias a esos mismos concejales, que hoy tienen más poder personal directo sobre el uso de los fondos municipales que ninguno de sus predecesores de gobiernos anteriores.
El alcalde
Blindado. Xulio Ferreiro transfirió el lunes las competencias que tenía en Seguridade Cidadá a la titular de Igualdade, Rocío Fraga, que ahora tendrá bajo su mando directo a los más de 350 funcionarios que integran la Policía Local y los bomberos. Esa era la principal área de gestión que manejaba Ferreiro, que así se aleja de la primera línea en asuntos candentes como la okupación de la Comandancia de Obras, cuya custodia como la de todos los edificios municipales es competencia de la Policía Local, la vigilancia del ocio nocturno, con sus sanciones a menores o a locales de hostelería, la inseguridad en algunos barrios... Todos ellos asuntos que solo en contadas ocasiones proporcionan algún rédito político, pero muy capaces de erosionar la imagen de quien está considerado el principal activo electoral de la Marea de cara al 2019.
Los contratos
Sí en la Diputación, no en María Pita. En marzo del 2016, la Marea presentó una propuesta en la Diputación Provincial que obligaba al gobierno de ese organismo, compuesto por PSOE y BNG, a publicitar todos los contratos menores, incluso los de un euro. La iniciativa salió adelante con el apoyo del PP, pero fue reformada más adelante porque habría colapsado los servicios administrativos de la Diputación. Pero la medicina que la Marea receta en el ente provincial no se aplica en María Pita. La oposición lleva dos años quejándose de la opacidad de los contratos menores, y ha vuelto a hacerlo.
El otro cambio aprobado el lunes consiste en transferir las competencias en Contratación de la titular de Facenda, María Eugenia Vieito, al de Emprego, Alberto Lema, que tendrá capacidad para tramitar contratos administrativos o privados que no lleguen a 300.000 euros y no superen los cuatro años de duración, y ejercerá como órgano de contratación en los expedientes tramitados por Alcaldía que no excedan esos límites. También dependerán de él los alquileres de inmuebles o la compra de bienes muebles o inmuebles que no alcancen los 300.000 euros.
Todos los concejales del gobierno tendrán capacidad personal para desarrollar «todos os actos de xestión económica» hasta un importe de 60.000 euros, incluyendo las autorizaciones y disposiciones de gasto. Además de administrar créditos para gastos de «anticipos de caja fija» o «pagos a justificar», una capacidad que en anteriores gobiernos solo tenían los titulares del área de Hacienda. Ninguno de esos trámites tendrá que ir a la junta de gobierno, cuyos expedientes eran facilitados a la oposición para ejercer el control del ejecutivo municipal.
Las licencias
Sin pasar por la junta. Desde el arranque del mandato, la oposición y las asociaciones empresariales han criticado la lentitud del nuevo gobierno para tramitar licencias. Los datos respaldaban esas quejas. En los 20 primeros meses del mandato, la Marea tramitó 381 licencias, mientras que el anterior ejecutivo local gestionó 674 en el mismo período de tiempo, a pesar de que los efectos de la crisis eran mucho más pronunciado entonces. Sin embargo, a pesar de esas cifras, el gobierno local y el alcalde insistieron en que se estaba haciendo una «xestión eficaz», e incluso responsabilizaron a los promotores de la lentitud de los trámites por hacerlos de forma incorrecta.
Sin embargo, pese a esa «xestión eficaz», parte de los cambios aprobados ayer buscan seguir avanzando en la «axilización» de esos trámites, al tiempo que dejan de estar supervisados por la junta de gobierno. Ese órgano colegiado solo verá ahora las licencias que superen los 1,2 millones de euros -una cantidad a la que solo llega un pequeño porcentaje- y las demás serán tramitadas por el edil de Rexeneración Urbana, Xiao Varela. Ante la alarma de la oposición, que denunció la opacidad de esa decisión sin precedentes, el gobierno se comprometió a presentar un informe quincenal de las licencias concedidas. Pero, a no ser que ese informe incluya los expedientes, la oposición -que antes los tenía en la documentación de la junta- solo podrá acceder a los datos de cada licencia solicitándola, un proceso que puede durar semanas.
Gobierno y oposición
Blanco y negro. El alcalde valoró los cambios ayer, una vez aprobados y antes de viajar a China, señalando que buscan «reordenar e clarificar» las competencias de un gobierno que pronto superará el ecuador del mandato. Mientras, para el socialista José Manuel García lo sucedido demuestra que el regidor «no acierta con la tecla» del gobierno, y tachó los cambios de «revolcón». García pidió explicaciones a Ferreiro, que siempre ha negado problemas de gestión. Rosa Gallego (PP) señaló que la «crisis de gobierno» confirma el «fracaso de la gestión» de Ferreiro y su «desesperación por la parálisis». Le acusó de intentar «ocultar» su «ineptitud» con las licencias, confirmar la «incompetencia» de la titular de Facenda, a la que volvió a quitar atribuciones, y poner la seguridad ciudadana en manos de una concejala que «apoya» a los okupas.