El PSOE pide al gobierno local que retire del pleno del viernes y negocie una reforma del presupuesto que el BNG no apoyará
10 ago 2016 . Actualizado a las 05:00 h.La aprobación del primer cambio en el presupuesto del mandato se convirtió en uno de los culebrones del verano del 2015. El gobierno local lo tramitó sin negociarlo y no logró apoyos para aprobarlo en el pleno hasta el quinto intento, tras varias polémicas muy tensas con la oposición, incluso con el PSOE, que finalmente respaldó el documento.
En este segundo año de mandato, el gobierno también ha puesto en marcha un modificativo de crédito, el nombre técnico de una reforma del presupuesto, y su tramitación parece un remake del culebrón de la temporada pasada.
El texto, que cambiará de destino 2,4 millones de euros, ha sido aprobado por la junta de gobierno y está previsto que vaya a pleno el viernes, pero no ha sido negociado con la oposición, que ayer lanzó varias advertencias al gobierno local en la comisión.
El concejal del PSOE José Manuel García Pérez pidió a la titular de Facenda, María Eugenia Vieito, que retire el texto para negociarlo y evitar que sea rechazado. El edil recordó que su grupo ha presentado a la Marea un escrito en el que señalan numerosos «incumplimientos» de los acuerdos alcanzados entre ambos partidos desde el pasado verano, y han condicionado los futuros pactos a que se respeten esos acuerdos y se cumplan las mociones aprobadas por el pleno y las enmiendas al presupuesto.
El otro aliado natural de la Marea, el BNG, tampoco parece dispuesto a pasar por el aro. Su portavoz, Avia Veira, criticó el gasto de fondos del superávit del 2015, la «falta de previsión de gastos», o las «baixas inxustificábeis de investimentos», ya que se retira un millón de euros destinado a la reforma de la plaza José Toubes y el mercado de Santa Lucía.
Esas circunstancias ponen al descubierto una «planificación nefasta» y una «aprobación trapalleira do orzamento» que, recordó la portavoz del Bloque, fue aprobado hace solo dos meses.
Veira también criticó que el gobierno no cumpla su promesa de revisar el contrato de la Compañía de Tranvías, que cobrará 1,96 de los 2,4 millones del modificativo en atrasos por la subvención del bonobús, y adelantó que su grupo exigirá «explicacións» a Marea y no votará a favor de los cambios en el presupuesto.
Con el rechazo del PSOE, el gobierno aún podría aprobar de forma inicial el cambio si el PP se abstuviese. Los conservadores aún no han anunciado su decisión, pero parece complicado que lo respalden al anularse la reforma de la plaza José Toubes, que han defendido, y ante la falta de apoyos al texto de otros grupos.
El PP solicita un informe jurídico sobre la renta social y la Marea le acusa de intentar parar la norma
La renta social municipal, una de las principales promesas electorales de la Marea, está lista para ser aprobada. El PSOE y el BNG aprobaron el texto en la Comisión de Xustiza Social celebrada ayer, en la que también se dio el visto bueno a parte de las alegaciones que presentaron. El PP tiene más dudas, en la comisión se abstuvieron y han solicitado un informe al secretario sobre la legalidad del texto, una decisión que la concejala de Xustiza Social, Silvia Cameán, tachó de «boicot» e intento de «bloquear» la norma, ya que considera resueltas las dudas jurídicas.
¿Qué defiende el PP?
El concejal conservador Miguel Lorenzo afirmó que no se oponen «a que las personas que lo necesiten cobren una prestación periódica», pero los populares dudan de que sea legal que esas ayudas se tramiten como una prestación -como el paro-, sin «control del gasto y del uso que hacen del dinero sus beneficiarios», en vez de como una subvención, que obliga a justificar los gastos. El PP también presentó alegaciones, que fueron rechazadas, para ampliar de seis meses a un año el plazo mínimo de empadronamiento antes de recibir la ayuda, con el fin de evitar un «efecto llamada», además de aumentar la edad mínima para recibirla de 18 a 25 años, como la Risga, con algunas excepciones.
¿Qué afirma el gobierno?
El gobierno local considera que las dudas quedaron resueltas por un informe de asesoría jurídica que avala el texto. La concejala Silvia Cameán señaló que hay un decreto de la Xunta que «nos permite seguir a vía prestacional na renda social», y recordó que el PP, «que sempre avogou por esta fórmula pide volver á vía subvencional, que obriga a xustificar os gastos por parte dos beneficiarios». Cameán destacó también el «alto consenso acadado» y reprochó al PP sus «políticas antisociais» en el anterior mandato.
¿Qué informes hay?
Aparte del citado informe de la asesoría jurídica, cuya principal responsable es nombrada por el gobierno local, en el expediente figura un informe del interventor del 3 de junio, antes de la publicación del decreto de la Xunta. El alto funcionario afirma en su informe que si el texto es «aprobado tal y como está, configurando la renta como prestación, se advierte que la comprobación que va a efectuar la intervención se limitará a la exigencias de la propia ordenanza, sin que puedan sumirse otras comprobaciones y exigencias de las previstas en la ordenanza (...)». Además, considera «dudoso» que se pueda considerar como «prestación ‘autonómica’» la ayuda que preste una entidad local, como el Ayuntamiento, de lo que también hace la «oportuna advertencia».
El interventor no entra en el fondo del asunto por ser una «cuestión jurídica». El secretario deberá abordar ahora la cuestión al pedirle el PP un informe.
¿Qué dicen PSOE y BNG?
Los socialistas celebraron que se haya incorporado su propuesta de crear un consejo sectorial de inclusión social, además de incluir la necesidad de transporte dentro de la renta y que se tenga en cuenta la residencia efectiva de los beneficiarios, no la legal, para conceder las ayudas, lo que permitirá acceder a ella a los inmigrantes sin papeles. También el BNG vio recogidas varias aportaciones, incluyendo una en el mismo sentido. Ambos grupos manifestaron desde el principio su respaldo al proyecto, y han evitado las polémicas por la falta de informes de los técnicos o las dudas jurídicas que están esgrimiendo los conservadores.