La junta de gobierno local dio ayer luz verde al proyecto, que irá a pleno antes de entrar en vigor
07 jun 2016 . Actualizado a las 05:00 h.La junta de gobierno local dio luz verde ayer al proyecto de renta social municipal, un sistema para pagar una ayuda de entre 532 y 1.064 euros para las personas sin recursos. Se trata del proyecto estrella que llevaba la Marea en su programa y que completará en los próximos días sus últimos trámites. Irá primero, explicó el alcalde, Xulio Ferreiro, a comisión informativa esta misma semana, y el lunes próximo a pleno. Tras su aprobación se publicarán en el boletín oficial y entrarán en vigor. Estos son sus detalles.
Solicitantes
Sin recursos ni bienes. Quienes la pidan tendrán que demostrar que carecen de recursos y de bienes, exceptuando su vivienda. Podrán solicitarla quienes no tengan derecho a la risga y deberán tener seis mes de empadronamiento en la ciudad. Los inmigrantes de fuera de la Unión Europea deberán «acreditar residencia legal». Víctimas de violencia machista, emigrantes gallegos que retornan y las personas refugiadas podrán aspirar a los pagos aunque no cumplan esos requisitos.
Beneficiarios
Uno por familia. Cada familia o «unidade de convivencia», como denominan desde el Ayuntamiento, tendrá derecho a una sola ayuda. Para las unipersonales se fija la cuantía en el IPREM, 532 euros mensuales, llegando como máximo, al doble de esa cifra, añadiendo un 20 % del importe por cada miembro de la unidad familiar. En caso de que un hombre y una mujer se presenten en la unidad familiar en las mismas condiciones, el pago se le hará a la mujer. Además, si una mujer está embarazada, computará como dos miembros.
Incompatibilidades
Otras pensiones. No podrán acceder a ella quienes tienen la risga y tampoco quienes perciban pensiones no contributivas u otras de mayor cuantía que esas. Si hay otros ingresos, se podrá pedir la ayuda, pero se descontarán de la cantidad a cobrar. Por ejemplo, si alguien ingresa 300 euros, el Ayuntamiento los completará con 232 hasta los 532 euros. Por otra parte, las ayudas de emergencia social serán incompatibles con la renta social.
Documentación
Hasta 21 papeles. Además del formulario que se creará, los que la necesiten tendrán que aportar documentación. La ordenanza enumera hasta 21, aunque el número total depende de la persona: si es dependiente o no, si hay sentencias judiciales por el medio o no... Son, en todo caso, certificados que documentan ingresos, propiedades, autorizaciones de consultas de datos, declaraciones responsables y otros.
Plazos
Hasta año y medio. La renta se cobra en cuenta durante seis meses. Hay que presentar documentación a los tres certificando que se siguen dando las condiciones para percibirla -si estas varían porque aparecen otros ingresos, cesa- y se puede prorrogar hasta un máximo de año y medio. Con todo, se podría prolongar aún más allá de modo excepcional, solicitándose otra vez cuando cuenten «cun informe social emitido por un traballador social do Concello que acredite o compromiso co itinerario de inclusión».
Obligaciones
Cumplir el itinerario. Quienes reciban la ayuda deberán seguir unos itinerarios marcados por los trabajadores sociales que incluyen formación, empleo y otros asuntos. Las familias también deben tener a sus hijos escolarizados, y está prohibido al beneficiario practicar la mendicidad ni forzar su práctica a otros miembros de la unidad de convivencia. Cualquier cambio en sus condiciones -ingresos, vivienda...- debe ser comunicado un plazo máximo de diez días.
Presupuesto
Este año, 2,1 millones. El gobierno local deja para lo que queda de año 2,1 millones, aunque su idea es disponer de 3 millones por ejercicio para cubrir los pagos, que se harán directamente en cuenta, y no contra recibo, como se pensó inicialmente. Un cambio en la normativa facilitado por la Xunta permitió esa modificación. En caso de que no haya partida y alguien pida la renta y se informe favorablemente su solicitud, no deberá volver a presentarse, si se consignan más fondos, le será concedida esa ayuda.
Espera máxima
Hasta dos meses. Los solicitantes deberán ser notificados de la resolución correspondiente en un máximo de dos meses desde la presentación de la petición. Pasado ese tiempo sin respuesta, se entenderá que esta ha sido desestimada.
Otras valoraciones
Más garantías. Por su parte, el edil del PP Miguel Lorenzo mostró ayer su «escepticismo» con el procedimiento e indicó que las ayudas «deben completarse con protocolos que garanticen la inclusión social de los beneficiarios» para que los programas sean efectivos. Criticó que la Marea «dejara sin ejecutar el 19 % de los fondos de emergencia social habiendo lista de espera» y mostró sus dudas sobre la capacidad gestora del gobierno local.