La celebración de las elecciones a rector constituye una buena oportunidad para que reflexionemos sobre el modelo de universidad que queremos para el futuro. En octubre asistí, como representante de la Conferencia de Consejos Sociales de Universidades Españolas (CCS), a un foro sobre la universidad donde el presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas reconoció -por primera vez en público- que es necesario cambiar el actual modelo de gestión y gobierno de la universidad. En otra de las mesas, representantes de los principales partidos (PP, PSOE, C?s y Podemos) reflejaron un esperanzador consenso básico sobre la necesidad del cambio. Cuando tocó el turno a los temas de financiación, los participantes coincidimos en que el objetivo debe de ir más allá del principio de equidad y no renunciar a la excelencia.
Hoy nadie cuestiona que el servicio público de educación superior debe de garantizar la igualdad de oportunidades y asentarse en los principios de capacidad y mérito, de manera que nadie que los acredite pueda quedar fuera de la universidad, cualquiera que sea su situación económica. Pero eso no basta, porque necesitamos una universidad excelente y ese plus de financiación que requiere la excelencia, más allá de la supervivencia estructural del sistema, difícilmente lo va a procurar un sistema de financiación tan dependiente de las transferencias del sector público, cuando la economía sufre las magnitudes de deuda y los objetivos de ajuste del todavía excesivo déficit público que todos conocemos. Una reciente asamblea de la CCS reflejó que, por primera vez en nuestra historia reciente, el debate está maduro y hay práctica unanimidad en la necesidad de llevar a cabo la tan necesaria reforma para la mejora de la universidad española. El proceso debe de contar con un alto grado de consenso y ya se perfilan algunas claves que lo definirán: un sistema de gobierno, por el que libremente podrán optar las universidades que así lo deseen, con mayor compromiso e implicación de la sociedad, basado en un consejo universitario fruto de la fusión de los actuales consejos de gobierno y consejos sociales, que nombraría por concurso de méritos al rector, un catedrático que no necesariamente tendría que serlo de la propia universidad y que vería reforzada su capacidad de gestión; una mayor autonomía operativa de las universidades, acompañada de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, que les permitiría gestionar de manera más justa y competitiva la capacidad y el talento de su personal docente, investigador y de administración y servicios, acabando con la nociva práctica del ?café para todos?; una decidida vocación hacia la relación universidad-empresa, única manera de financiar la excelencia universitaria, además de contribuir a aprobar esa asignatura pendiente de la economía que es la falta de transferencia y puesta en valor por el sector productivo del conocimiento y de la investigación universitarios.
No olvidemos además que la universidad existe por y para los estudiantes, a los que debemos una formación centrada en las competencias y habilidades profesionales que les van a pedir las empresas. En fin, en este mundo global necesitamos una universidad y una gestión sin fronteras porque no las van a tener ya como profesionales los que hoy son estudiantes en ella. En definitiva, sea cual sea el resultado de las elecciones del 20-D, se avecinan tiempos de cambio y esperanza para nuestras universidades. Hay que superar caducas concepciones que, malinterpretando la legítima autonomía universitaria, han aislado a la universidad de su sociedad y provocado la falta de compromiso social hacia una institución que es decisiva para su futuro. Yo estoy convencido de que la sociedad, a la que se debe la UDC, quiere una universidad y un rector alineados con el futuro y, por lo tanto, abiertos y cercanos a la sociedad real en la que queremos insertar nuestros estudiantes.