El problema que visualiza ahora la Autoridad Portuaria no es nuevo. Las tradicionales pugnas políticas entre administraciones de distinto signo culminaron con la decisión de que las obras de Langosteira se costearan mediante un crédito. A eso se recurrió para esos trabajos, solicitando en total unos 300 millones de euros.
Así, la Autoridad Portuaria asumió una deuda a su nombre por esa cantidad, cuando su facturación anual apenas llega a los 25 millones -el año pasado, menos- y cuando el beneficio difícilmente llega al millón de euros. Con ese balance haría falta más de un cuarto de milenio, sin intereses, para saldar el crédito.
Las garantías de pago entonces tenían forma de ladrillo. Los terrenos del puerto interior que fueran quedando libres servirían para abonar ese préstamo. Lo malo es que por el camino estalló la burbuja inmobiliaria, dejando en el aire la valoración de ese suelo. Ninguna tasación valía ni vale. El problema es que la deuda está ahí y de alguna forma hay que pagarla.
El nuevo gobierno local ya avisó de que por sus planes no pasa rehacer burbujas con centros comerciales y pisos, y el anterior ya había insinuado que la idea era que predominase allí el uso público. Con el suelo mucho más barato que hace una década, hay dudas sobre que el suelo bastase para pagar el crédito.