Cuando la prima de riesgo era el mejor sinónimo de la crisis galopante en España, con la amenaza del rescate comunitario pendiendo sobre el futuro del país cual espada de Damocles, al Gobierno de Mariano Rajoy se le ocurrió hacer suya una idea lanzada en A Coruña por el presidente provincial del partido, Carlos Negreira, a instancias del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, y ejecutada de forma directa por el presidente de la Diputación, Diego Calvo: la reducción de la planta municipal.
Rajoy encomendó la misión a su mano derecha, Soraya Sáez de Santamaría, pero ahora, camino del segundo aniversario de la única fusión registrada en España en todo este tiempo, la de Oza-Cesuras, parece cada vez más claro que se les olvidó avisar a la pata más importante del proceso, el amenazante Cristóbal Montoro, titular del Ministerio de Hacienda y, aunque no lo parezca, de Administraciones Públicas.
Casi veinte meses después de la comparecencia de la todopoderosa vicepresidenta -que guarda una muy buena relación personal con la dirección gallega y coruñesa-, aquellas medidas que planteaban eliminar los municipios de menos de cinco mil habitantes para racionalizar el gasto y aumentar la atención a los ciudadanos, se ha quedado en una promesa incumplida más del PP.
Un ejemplo útil.
Recoge el Cantar del Mío Cid la frase «que buen vasallo si hubiese buen señor» aplicada a Rodrigo Díaz de Vivar cuando emprende su marcha al destierro. Así se podría sentir el alcalde de Oza-Cesuras, Pablo González, que ha tenido que asumir prácticamente en solitario el desgaste de una operación que defendió desde el convencimiento de que era buena para los intereses de los dos pequeños municipios de la Montaña coruñesa, abocados a una lenta extinción por su falta de recursos económicos y la imparable sangría demográfica.
González sufrió primero la espantada de su partenaire en el proceso, Julián Lucas, regidor de Cesuras, que resultó condenado en un juicio urbanístico en Pontedeume. Luego vio como las visitas de los políticos se sucedían cada vez con menos frecuencia y sobre todo, sin rastro del dinero prometido para poner en marcha los proyectos con los que reflotar la actividad económica en el municipio. Unas calderillas de Fomento, la ansiada guardería licitada al fin por la Consellería de Benestar y algunos programas de la Diputación bonificados por la integración paliaron algunas carencias. Pero Pablo González no ha podido superar la última afrenta de Montoro de negarle las ayudas que promete para aquellos municipios que aún no se han fusionado. ¿Seguro que Rajoy, Sáenz de Santamaría, Feijoo, Negreira y Calvo siguen creyendo a pies juntillas en la reducción de la planta municipal para optimizar recursos y crear una administración más eficiente?
Relevo en EU.
El pasado viernes, La Voz adelantó lo que era un secreto a voces: César Santiso se retira de la primera línea de la política por problemas de salud. Su marcha deja a Esquerda Unida en una extraña encrucijada. La cercanía de Yolanda Díaz a Pablo Iglesias y su afán por confluir con Podemos hace que las bases de los militantes más veteranos de la formación se pregunten si merece la pena desaparecer en un maremágnun «que no es de derechas ni de izquierdas». Del nuevo timonel, Silvia Cameán o Rafael García, dependerá el futuro.
Mar Barcón enmienda su pasado vazquista
Quizá influida por el efecto de Pedro Sánchez y su repentina amnesia de su etapa como fiel seguidor del zapaterismo más recalcitrante, Mar Barcón se ha lanzado en las últimas semanas a hacer afirmaciones que enmiendan parte de su pasado como concejala de gobierno en los equipos de Javier Losada y, sobre todo, de Francisco Vázquez, el alcalde que gestionó la ciudad con seis mayorías absolutas entre 1983 y el 2005. Primero fue en un tema menor, la promesa de retirar los fondos municipales para el desarrollo de la feria taurina -que ahora se limitan a la transformación del coliseo en albero-. Esta semana, ha ido un paso más allá y ha lanzado una enmienda a la totalidad a la externalización de servicios que ella misma votó y apoyó -como concejala de distintas áreas-, empezando por la ORA, cuyo actual contrato fue adjudicado en el 2005. Irónicamente, un destacado socialista coruñés contaba ayer que la idea de Barcón de recuperar a través de una empresa municipal la gestión del aparcamiento regulado y la grúa «es un contrasentido, porque en lugar de defender los puestos de trabajo, como sugiere, habría que echar a todos los empleados y convocar unas oposiciones públicas. ¿O lo que dice es que hay que recolocar a los actuales a dedo?». Quizá el programa electoral que ayer empezó a esbozar el PSOE sirva para comprobar si se pasa del titular a algo más.