Oleiros costeará las denuncias contra la Xunta de expropiados de la Ártabra
A CORUÑA
El Concello ofrece sus abogados a los propietarios que aún no han cobrado
20 ene 2015 . Actualizado a las 05:00 h.La reclamación de los vecinos expropiados por la construcción de la vía Ártabra para que la Xunta les pague las parcelas que les debe está a punto de pasar de las palabra a los tribunales. El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, que ha insistido en exigir una solución al gobierno gallego ante una situación que calificó en su día de ilegal, anunció ayer que el Concello pone a disposición de los afectados por esta demora los servicios jurídicos municipales para que puedan presentar una denuncia contra la administración autonómica.
El alcalde, que más allá de destacar su elevado número, no supo precisar la cantidad de perjudicados por esta situación, considera que la Xunta ha podido incurrir en un delito de prevaricación al gestionar la expropiación y el pago de unos terrenos para una obra que se inició hace más de siete años. «Desde o goberno autonómico están cometendo unha infamia e un suposto delito, posto que a lei deixa claro que cando se ocupa unha finca hai que pagala con anterioridade», precisa el Concello, quien recuerda que la única excepción son los casos en los que los propietarios recurren ante los tribunales al no estar de acuerdo con el precio fijado por sus parcelas.
La Xunta, quien asegura haber pagado más de 15 millones de euros a los expropiados por una vía que en la actualidad une Oleiros e Iñás con Lorbé, asegura que son estos casos -los que están pendientes de sentencia judicial- los únicos afectados por los impagos, una afirmación que tanto los expropiados pendientes de cobrar como el Concello han negado. «Iso non é así. Eu teño acordado todo desde o principio, aceptei todo. E a Xunta débeme 54.000 euros desde o ano 2008», se quejaba hace solo tres mes un vecino de Broño, en la parroquia de Maianca, flanqueado por varios residentes del núcleo en la misma situación.
El alcalde, quien adelantó que el Concello va a contactar con todos los afectados para ofrecerles los servicios de los abogados municipales, calcula que las reclamaciones de un número importante de los expropiados pendientes de pago oscilan entre los 10.000 y los 40.000 euros.
El gobierno local precisa que su asesoría jurídica estudiará la posibilidad de presentar una denuncia colectiva con aquellos vecinos que se encuentren en este caso o tramitará directamente las denuncias de los particulares a título individual.