Como cada cuatro años, el culebrón de los sueldos municipales se repite. Las elecciones sindicales (previstas para marzo) en las vísperas de los comicios a la alcaldía convierten los meses previos a la cita con las urnas de los ciudadanos en un auténtico polvorín en los pasillos de María Pita. Los corrillos hierven y los responsables sindicales, preocupados de defender sus privilegios, no dudan en hacer de altavoz de extrañas demandas, incluso contrarias a la ley. La escena actual no difiere mucho de la vivida en el 2007. Con un importante matiz. La grave crisis económica ha obligado incluso a los más despilfarradores a acatar unas normas que garanticen la estabilidad económica y que son supervisadas por el Ministerio de Hacienda. Y en eso, el ministro del ramo, Cristóbal Montoro, no distingue entre amigos y enemigos de partido.
Hace casi ocho años, la plantilla municipal -más de 1.800 trabajadores- boicoteó la actividad política y la vida normal de los ciudadanos con toda clase de actos y amenazas. Algunos llegaron a los tribunales, aunque finalmente fueron retiradas las demandas en aras de una paz social que, ciertamente, se alcanzó durante todos estos años. De aquel conflicto salió un líder reforzado, el presidente de la junta de personal, Manuel Aceña, del CSIF, que alcanzó una histórica victoria en las urnas y cuyo sindicato goza de una confortable mayoría merced a su presencia en la Policía Local.
El 092 es su fuerza de choque. Las ventajas derivadas del acuerdo que el bipartito le concedió a los sindicatos aún son envidiadas en toda Galicia. Los policías locales coruñeses son los que más cobran y los que menos horas están de servicio. Sus horas extra se cotizan a 36 euros y en su jornada de trabajo entra incluso el tiempo de cambio de vestuario, como se recoge en el convenio vigente. Y, además, incluso se permiten criticar lo que cobran en las concesiones municipales por trabajos a los que, en muchas ocasiones, los propios miembros del 092 ponen reparos en hacer.
Lo pendiente. Los agentes se defienden con el argumento de que solo reclaman los privilegios pactados en su día con el gobierno de Javier Losada y Henrique Tello. Pero olvidan la situación actual y las directrices del Ministerio de Hacienda, que se pronunciará oficialmente en los próximos días. Y, a pesar de su condición de garantes del orden, apelan al cumplimiento de lo escrito aún desafiando las instrucciones de una instancia superior.
Por el camino se encuentran con aliados como el portavoz de Izquierda Unida, César Santiso, que también es responsable comarcal de Comisiones Obreras, y que denuncia la privatización de la Policía Local por el uso de seguridad privada en la exitosa cabalgata. Un disparate. ¿Es que acaso es justificable la epidemia de 67 bajas de un solo día en una fecha en la que más de 150.000 personas se agolpan en la calle? ¿Pretendía acaso Santiso dejar que cualquier posible incidente se convirtiera en algo grave? ¿De dónde cree el líder de IU que saldrán los 600.000 euros que costarían los privilegios del 092 más que de los bolsillos de todos los ciudadanos a través de nuevos impuestos? Y ello a falta de la segunda parte, que sería extender esas mejoras al resto de la plantilla municipal. El alcalde, Carlos Negreira, tiene poco margen de maniobra: o cumple la ley que su propio partido ha aprobado o antepone sus intereses electorales a costa del dinero de todos los coruñeses.
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