CESM denuncia en A Coruña que el presupuesto de Sanidad se ha reducido un 11 % con la crisis y reclama que el Gobierno dedique al menos el 7,5 % del PIB, frente al 5,7 % previsto para el 2015
21 nov 2014 . Actualizado a las 20:01 h.Albert Tomás, presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, ejemplificó hoy en A Coruña la precariedad que afecta a los facultativos señalando que «cuatro de los cinco médicos que trataron del ébola a Teresa Romero son eventuales, están con contratos de mes a mes o de dos meses». El empeoramiento de las condiciones laborales del colectivo médico, que calculan han perdido un 25 % de su poder adquisitivo desde el comienzo de la crisis, es solo una de las consecuencias de los recortes presupuestarios que, a su juicio «están poniendo en serio peligro el sistema sanitario público español». Ante «este desaguisado», en palabras de Tomás, CESM, que reúne en A Coruña a representantes de todas las comunidades autónomas, ha elaborado una propuesta de financiación que trasladará a los ministerios de Sanidad y Hacienda, en el que solicita que se destine al menos el 7,5 % del PIB a sanidad, frente al 5,7 % propuesto por el Gobierno español para el año 2015. Indicó el presidente de la central que aglutina al 50 % de la profesión médica en activo que se ha pasado de contar con 60.000 millones de presupuesto antes de la crisis a 53.000, con importantes recortes en comunidades como Extremadura, que perdió un 23 %, Murcia (17 %), Cataluña y Andalucía (16 %) o Galicia (12%). Precisamente la discrecionalidad en la distribución de fondos por comunidades es otro de los aspectos que preocupa al colectivo, que reclama que, además de contar con más dinero, se gestione mejor, se establezcan presupuestos finalistas y se establezca un reparto de los fondos por habitantes, no por territorios, con una variación de hasta el 5 % en función del envejecimiento, la dispersión o la insularidad.
CESM reclama tambiénque se alcance un pacto de Estado que deje la sanidad al margen de partidismos, mayor transparencia en la gestión, la centralización de las compras, el establecimiento de una agencia para garantizar la adecuada renovación tecnológica, así como mayor participación de los profesionales en la gestión sanitaria para el establecimiento de una cartera común de servicios.
En este sentido, Tomás subrayó que apoyan la gestión clínica, siempre y cuando la dirección no dependa de un cargo de designación política. «La privatización en sí no es nada malo, lo que es malo es que vaya a entidades con ánimo de lucro», subrayó. También Cándido Andión, responsable de CESM en Galicia, indicó que el decreto gallego de gestión clínica es una apuesta de los profesionales, con la única reserva referida precisamente a la designación política de los responsables de cada área. «Estamos de acuerdo con el decreto gallego, pero nos parece sangrante que se pretenda que el responsable sea un político, porque actuará confome a deciciones políticas, no conforme a las necesdiades de los ciudadanos», añadió José Escudero, delegado de CESM en Vigo, quien criticó el modelo articulado para el nuevo hospital de Vigo y alertó del peligro de la privatización de servicios: «Hemos visto que en telemedicina se han quitado los magníficos profesionales que tenía el Sergas para darle el servicio a una empresa que, como no tiene personal suficiente, han estado parados aparatos durante quicen días y las listas de espera a correr», añadió.