El argumentario del gobierno local se repite desde que arrancó el mandato: «No vamos a pagar dos veces por lo mismo», cita el alcalde cada vez que se refiere al caso de la cárcel. Y es que el consistorio ya pagó, en 1925, ese suelo para cederlo a Prisiones, y no está dispuesto, ahora que ya no se usa como cárcel, a pagar otra vez -en esta ocasión 1,2 millones- para que regrese a su titularidad. La lucha judicial entre administraciones no ha terminado y los siguientes pasos se darán con el objetivo de anular el convenio del 2005, al que el actual gobierno local no da validez alguna porque, dicen, no se dieron los pasos que tenían que darse para que fuera válido.
Si finalmente consiguen que los jueces anulen ese acuerdo, el argumentario del Contencioso les serviría para volver a ser propietarios de la antigua prisión provincial.
El Estado, por su parte, se escuda desde hace años en el acuerdo del 2005 y pide que se cumplan sus términos, ya que para ello se firmó en su día.
Mientras sigue el enfrentamiento, la cárcel continúa deteriorándose. Hace unos meses hubo que acometer obras de urgencias para evitar desprendimientos, y actualmente el Estado está en proceso de contratación de seguridad privada para evitar que nadie acceda al inmueble. Costará unos 185.000 euros al año. Hoy la cárcel sigue vacía y sin que se sepa qué se hará en ella. Y sobre todo, cuándo.