El PP de A Coruña aprueba en el pleno de manera inicial la nueva ordenanza de terrazas

Mónica Pérez
M. Pérez A CORUÑA

A CORUÑA

EDUARDO PEREZ

Todos los grupos ratificaron de forma unánime una moción contra el cierre de la fábrica de armas

04 mar 2013 . Actualizado a las 19:28 h.

El salón de plenos el palacio de María Pita en A Coruña acogió una sesión en la que se aprobó inicialmente la nueva ordenanza de terrazas, que contó con los votos a favor de los ediles del PP, mientras que PSOE, BNG y EU se abstuvieron. Los cuatro grupos municipales lograron el consenso en la segunda moción, contra el cierre de la fábrica de armas de A Coruña.

Entre el público asistente se encontraban varios activistas de Stop Desahucios, del comité de empresa de la fábrica de armas, varios vecinos de Adormideras que fueron multados por alteración del orden y trabajadores del Laboratorio de Saúde Pública.

La sesión ha comenzado con la lectura del alcalde, Carlos Negreira, de una iniciativa relacionada con el 8 marzo, día de la mujer trabajadora impulsada por la Fegamp. En ella se hace mención a la necesidad de la igualdad laboral, la conciliación y, especialmente para frenar la lacra de la violencia machista.

A continuación la concejala de Movilidad, Begoña Freire, ha presentado la Ordenanza Municipal Reguladora de la Instalación de Terrazas en Espacios de Uso Público para su aprobación inicial. Freire resaltó el consenso, la transparencia y el diálogo con el que se había elaborado la nueva normativa. A continuación enumeró algunos de los detalles que incorporaba como una anchura de acera mínima de 2,5 metros ( que puede reducirse a 2,3 en casos especiales); el cambio de la tipología de los establecimientos, o un horario de cierre específico dependiendo de la estación. Insistió en que busca un equilibrio entre hosteleros, vecinos y peatones., además de una armonización entre el mobiliario y el entorno.

La oposición tachó esta nueva normativa de «arbitraria, falta de concreción y de consenso y diálogo» con todas las partes, además mostrar su preocupación por cómo se aplicará en las zonas de especial protección y por el ruido nocturno. La socialista Nieves Vázquez, insistió de nuevo en la falta de consenso con los vecinos. Además calificó de excesivos los horarios de cierre de las terrazas, poniendo como ejemplo los horarios de julio y agosto cuando podrán cerrar a las 2.30 horas todos los días de la semana, incidiendo en que se podría perturbar el descanso de los vecinos.

Por su parte la nacionalista Ermitas Valencia recalcó «a arbitrariedade e falta de concreción real» de la nueva ordenanza, además de que a partir de ahora se les cobrará a los hosteleros por instalar las terrazas y los acusó de querer recaudar en época de recortes a costa «dos autónomos».

En su turno de intervención, el concejal de Esquerda Unida, tachó de fracaso normativo la anterior ordenanza, datada en 2002, y afirmó que «algúns hosteleiros campan ás súas anchas» y explicó que aunque estaba de acuerdo con una regulación, creía que la norma tenía muchas «excepcionalidades».

Freire defendió de nuevo el consenso con el que se ha llevado a cabo y sus beneficios para la ciudad

La norma de terrazas quedó aprobada de forma inicial con los votos del PP y la abstención del PSOE, BNG y EU.

Unanimidad contra el cierre de la fábrica de armas

Los cuatro grupos municipales aprobaron de forma unánime la moción presentada de forma conjunta contra el cierre de la fábrica de armas y a favor del mantenimiento del empleo. Tras las críticas de PSOE, BNG y EU contra el gobierno central y en especial contra el ministerio de Defensa, Julio Flores defendió la actuación de Juan de Dios Ruano, resaltó que el único culpable es General Dynamics y pidió unión en la defensa de los puestos de trabajo.

En la parte de las mociones, se presentaron en total nueve, tres por cada grupo de la oposición y ninguna de ellas fue a debate por la abstención del grupo popular. PSOE, BNG y EU presentaron tres preguntas orales cada uno. Comenzó César Santiso, con una sobre los presos marroquíes, otra de los desahucios y otra sobre el día de la mujer trabajadora, el próximo 8 de marzo. El grupo nacionalista por su parte presentó una para la retirada de la multa a los vecinos de Durmideiras, otra contra el desmantelamiento del COF del Ventorrillo y otra contra la intervención de los bomberos en los desahucios. Por último el PSOE llevó al pleno para que se debatiese uan moción con medidas del Ayuntamiento contra los desahucios, otra sobre la reforma de la administración y el gobierno local y una última sobre el día de la mujer trabajadora.

Rifirrafes a cuenta de los desahucios y Alvedro

Los rifirrafes vinieron en la parte de las preguntas orales. El concejal de Educación, Francisco Mourelo, recriminó a César Santiso no estar bien informado sobre la cuestión que planteó sobre la Universidade da Coruña, en concreto de los viales, las tasas y el bonobús. Julio Flores, portavoz municipal y teniente alcalde de Seguridad, le pidió que «non se escude na veciñanza e se coñece algún delito, denúncieo» y aseguró que se habían aumentado un 30 % los efectivos de la policía local, después de que el edil de Esquerda Unida reclamase mejoras para la seguridad en los accesos a los colegios e institutos. La última fue sobre la depuradora de Bens y la ría de O Burgo, una cuestión que también abordó el BNG.

En este punto Negreira llamó al orden a María Xosé Bravo diciéndole que ella no era una privilegiada y debía respetar los tiempos de intervención. Bravo dijo que se avergonzaba de «o meu alcalde» tras las palabras de Carlos Negreira en las que tachó de teatro y paripé todo lo relacionado con la ría de O Burgo tras la visita de los eurodiputados. Flores por su parte le recordó la inoperancia del gobierno de Zapatero que «se negó a dragar la ría».

Por su parte, el portavoz del BNG, Xosé Manuel Carril, preguntó sobre los desahucios y las medidas que iba a tomar el gobierno al respecto, a lo que Miguel Lorenzo respondió que «no esperaba de usted la política mediática y de espectaculó que ha dado en los últimos días». Además continuó acusando a los nacionalista de enturbiar con actitudes contrarias y echó mano de El Quijote de la Mancha para resumir a su modo de ver la situación: «Ladran, entonces cabalgamos».

Avia Veira inquirió al gobierno municipal sobre las medidas de seguridad para el acceso de los ciudadanos al pleno y Rosa Gallego le contestó leyéndole dos artículos del reglamento.

El PSOE presentó de la mano de Yoya Neira una cuestión sobre el paro y el fracaso de la reforma laboral y la caída del consumo, de las ventas de un 20 %, a lo que María Luisa Cid respondió aludiendo a que CC. OO., UGT, BNG o el propio PSOE se ha aprovechado de ellas para prescindir de algunos de sus trabajadores o para hacer rebajas salariales.

Silvia Longueira incidió en la crisis de Alvedro, que con una caída del 17 % de los pasajeros retornó a cifras de 2006, y recordó «el no de Turkish, la espantada de Air Europa, el monopolio de Iberia y la desprogramación de los vuelos de Vueling», además de un descenso en el turismo. Cid por su parte afirmó que Alvedro tiene un perfil «netamente empresarial» y que había aumentado el tiempo que los turistas pasan en la ciudad. Sobre las últimas noticias de las compañías explicó que ni la quiebra de Spanair, ni que Easyjet se fuese de Madrid ni los probemas de Globalia son culpa del gobierno municipal.

El turno de preguntas lo cerró José Nogueira, que sacó de nuevo el tema de los trajes de la cabalgata. La concejala de Cultura, Ana Fernández, dijo que todo era falso y recordó que el socialista tendrá que dar cuenta de sus afirmaciones en el juzgado, tras la querella interpuesta por el consistorio.

En el turno de ruegos, se recogió uno conjunto de EU y BNG para que no se abra un expediente a los bomberos que no intervinieron en el desahucio de Aurelia Rey hace unas semanas, dos del BNG sobre Someso y para que haya un mayor diálogo con las entidades sin ánimo de lucro y los vecinos, en especial con la plataforma antitaurina y el PSOE exigió la permanencia del laboratorio de Saúde Pública y pidió un nuevo periodo de exposición pública del PGOM tras su aprobación por parte de la Xunta.