Tribunales

Condenadas a 4 años y medio de cárcel las sobrinas de la indigente millonaria de A Coruña

La Audiencia entiende que se aprovecharon de la mujer para sacarle de sus cuentas un millón de euros

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Las dos acusadas, durante el juicio. PACO RODRÍGUEZ
Las dos acusadas, durante el juicio. PACO RODRÍGUEZ

La Audiencia Provincial condenó a las familiares de la indigente millonaria de A Coruña, Josefina Quintela, en concreto, la sobrina y a la hija de esta a 4 años y medio de prisión como autoras de un delito continuado de estafa. El tribunal entiende que las procesadas se aprovecharon de los problemas mentales de la anciana para retirarle de sus cuentas un millón de euros (que ahora tendrán que devolver), así como la venta de parte de su patrimonio.

La defensa de las imputadas recurrirá ante el Supremo, pues sostienen que sus clientes fueron las únicas personas que cuidaron a la anciana y jamás retiraron dinero alguno que no fuera por orden de la mujer.

Los otros sobrinos denunciaron a las acusadas de apropiarse de la fortuna

Josefina Quintela fue una mujer que siempre quiso ir a su aire. Fue maestra y soltera. Jamás quiso vivir con nadie, pero terminó compartiendo su casa con indigentes y okupas. El apelativo de «rara» se escuchó muchas veces en la sala. Cómo se le llama sino a una mujer que pudiera tener una fortuna de al menos seis millones de euros y vivía en una casa que compartía con okupas y sin electricidad.

Si la procesada llegó a su vida no fue por decisión propia. Fue porque la llamaron de Servicios Sociales para pedirle que la cuidara. Ocurrió en septiembre del 2002, dos años antes de su muerte. En aquellas fechas, dos agentes de la Policía Local coruñesa la llevaron a dependencias del Imelga (Instituto de Medicina Legal de Galicia) después de que los vecinos alertasen a Servicios Sociales de cómo vivía una mujer de 91 años, durmiendo en portales, vagando sin rumbo por las calles de madrugada y cogiendo comida de los contenedores. La médica, tras hablar con ella, determinó que no estaba para su ingreso en un psiquiátrico, pero sí que necesitaba asistencia social inmediata, que alguien se ocupara de ella. En eso, el fiscal emprendió todo el protocolo de incapacitación, presentando la demanda en enero del 2003. Se buscó a familiares. Se preguntó primero a un sobrino que vive en Santiago -el denunciante- y alegó que le era imposible ocuparse de ella. Finalmente fue nombrada defensora judicial su sobrina, hoy procesada. Se hizo cargo de ella el 30 de septiembre del 2003. 24 días después, la acusada, según la acusación y los otros 4 sobrinos de la anciana, convenció a Josefina de que la incluyese como autorizada en las cuentas bancarias. Para ello se presentó en un notario y logró el poder para administrar todos sus bienes. Ese notario recordó el pasado jueves en el juicio que si autorizó los poderes fue porque la anciana se encontraba perfectamente, leyó los documentos y los firmó después de advertirle que su sobrina, a partir de ahí, podría hacer y deshacer a su antojo con su patrimonio.

La familia denunciante no lo entiende y así lo hicieron ver sus abogados, que ejercían la acusación particular. Echaron mano de las declaraciones de los peritos psiquiatras que dijeron que la mujer no estaba en sus cabales, que padecía una demencia severa que la incapacitaba para administrar sus bienes y, más aún, para otorgar un poder a su sobrina. También recordaron las constantes retiradas de dinero de las cuentas de su tía por parte de la procesada. Un día dos mil, al siguiente tres mil y así hasta millón y medio. Por no decir que el mismo día de su muerte la acusada vendió un piso de la moribunda.

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