Veintiséis entidades de A Coruña, en las que se integran desde colectivos de víctimas de la violencia de género, de afectados por los desahucios, partidos políticos de la oposición y las tres centrales sindicales, han escenificado, con una presentación conjunta, su rechazo a la ley de tasas judiciales que ha promovido Alberto Ruiz- Gallardón.
El decano del Colegio de Abogados de A Coruña, Antonio Platas, cuestionó la «actitud intransigente e inamovible» del actual ministro de Justicia, al que denominó «figura estelar», sobre unas tasas que estimó que, a nivel recaudatorio, supondrá «una pequeña económica» en los presupuestos del ministerio y que estimó que solo se ha incorporado para beneficiar «a los ricos». «No hay tasa ninguna para los ricos, sino para los pobres», dijo y apostilló que con estas medidas lo único que se consigue es que las grandes corporaciones puedan acceder a la Justicia, cuestión que desgravarán en sus cuentas, mientras se impide a las personas con menos recursos acceder.
«Volveremos a la ley del Talión», auguró Platas sobre cómo se dirimirán en el futuro las pequeños conflictos entre particulares.
El decano del Colegio de Abogados coruñés recordó que la entidad que dirige «está en guerra» con el ministro, al que consideran persona non grata.
Asimismo, se solidarizó con los afectados por los desahucios y dijo que los magistrados están atados y deben aplicar una ley de 1909, que no permite escuchar al acusado y únicamente le permite fijar el día del alzamiento.
5% de dación en pago
Muy crítico contra el «tasazo» se mostró también el representante de Stop Desahuicios, quien dijo que «nos están gobernando los mercados y acusó al PP de intentar «reventar» el estado de bienestar. Indicó que, frente a lo que se ha transmitido, «la dación en pago no existe, es un mito» y que es una medida que solo se ha aplicado en un 5 % de los casos. Asimismo, apuntó que se están produciendo «desahucios ilegales y los bancos salen impunes».
Por su parte cifró en unos 950 euros la tasa media por pedir el amparo judicial en caso de desahucio, lo que estimó que vulnera el derecho de acceso a la justicia.
Pago de las maltratadas
También contundente se mostró Gloria Vázquez, de la asociación Ve-la luz, quien rechazó que sea cierto que las mujeres maltratadas no tendrán que pagar, ya que solo es cierto en la parte penal, pero tendrán que abonar cuestiones como que los trámites de separarse de su maltratador e incluso si este opta por cuestionar la guardia y custodia de los niños. «Esa política trata de silenciar datos como que el 57 % de las denuncias por violencia de género en España son sobreseíadas, el 53 % de los delitos son juicios de falta y solo el 20 % de las mujeres está siendo protegidas», comentó.
Asegura que el mensaje de la ley de tasas es que se incita a las víctimas de violencia de género a la «no denuncia, al aguante del maltrato y generando una indefensión añadida similar a las producidas en los campos de concentración nazis», consideró y apostilló que «si hasta la fecha era difícil encontrar justicia, ahora las víctimas no podrán acceder a ella».