Si el tijeretazo a las corporaciones locales anunciado el miércoles por el presidente del Gobierno se materializase antes de las siguientes elecciones municipales del 2015, como apunta el hecho de que se presupueste un ahorro de 3.500 millones en los próximos dos años y medio por este concepto, la corporación local coruñesa perdería a ocho de sus actuales miembros.

Y es que, reduciendo un 30 % el número de ediles, el pleno coruñés pasaría de 27 a 19 concejales. Un recorte que no afectaría al pulso entre las diferentes fuerzas políticas, ya que el PP mantendría su mayoría absoluta, aunque se dejaría por el camino cuatro de las catorce actas que mantiene en la actualidad. Entre los que se quedarían sin acta están destacados miembros del gobierno local, como la teniente de alcalde de Empleo, Luisa Cid, o el concejal de Medio Ambiente, Enrique Salvador, así como las edilas de barrio Susana Pazo y Mariel Padín.

El principal partido de la oposición, el PSOE, se quedaría con seis concejales, frente a los ocho actuales. Los dos que tendrían que entregar sus actas serían, precisamente, los que debutaron en este mandato, Jesús Fernández y Gloria del Valle, que además encabezaron la lista alternativa a la portavoz socialista, Mar Barcón, por la secretaría general del partido.

El grupo más castigado sería el BNG, que vería reducida su representación a la mitad, pasando de cuatro a dos ediles, ya que el decreto del Gobierno podría provocar la salida de la corporación de Ermitas Valencia y Xan Cajigal, con lo que Xosé Manuel Carril solo se podría apoyar en María Xosé Bravo.

El único grupo que saldría indemne del proceso de ajuste sería Esquerda Unida, donde los más de 7.000 votos obtenidos en los comicios suponen un cómodo colchón para que César Santiso mantenga su acta.