Decidirá el reparto de fondos para ciencia al margen de criterios políticos
28 nov 2015 . Actualizado a las 05:00 h.En junio del 2005 la por aquel entonces ministra de Educación María Jesús San Segundo anunció la creación de la Agencia de Financiación, Evaluación y Prospectiva de la Actividad Científica, lo que en la práctica iba a suponer un antes y un después en la gestión y financiación de la ciencia en España. Por primera vez, la aportación de fondos para proyectos de I+D, evaluación y concesión de los programas de acuerdo a criterios de excelencia y la contratación de investigadores para los centros públicos iba a depender de un organismo estrictamente científico, ajeno a los vaivenes y veleidades políticas, lo que a su vez iba a permitir una mayor flexibilidad del sistema y reducción de la burocracia.
Diez años después esta filosofía se mantiene, pero la agencia, como tal, aún no funciona, pese a que la Ley de Ciencia de junio del 2011 establecía su puesta en marcha en el «plazo máximo de un año» a contar desde ese momento. Ha tenido que pasar toda una legislatura y reiterados anuncios y plazos incumplidos de por medio para que el Consejo de Ministros aprobase ayer, justo una semana antes del inicio de la campaña electoral, la creación de la Agencia Estatal de Investigación. En no más de 60 días tendrá que constituirse su órgano rector, que deberá nombrar como director único y ejecutivo un científico o tecnólogo de reconocido prestigio, quien a su vez pondrá en marcha el organismo, «a coste cero» y con 300 empleados, que recibirá de la Secretaría de Estado de I+D, para que pueda operar en el 2017. «Es un hito para la ciencia en España», aseguró ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos, utilizando prácticamente las mismas palabras que empleó en el 2012, 2013 y 2014 para anunciar la «inminente» creación de la agencia.
El PSOE la paralizará
Esta institución, que manejará el 75 % de todos los fondos no financieros (subvenciones) que ahora dependen de la Secretaría de Estado de I+D, además de asumir los fondos para proyectos científicos de otros ministerios, lo que supondrá más de 700 millones de euros, es una vieja reivindicación de toda la comunidad científica, pero también de la política. El PSOE, que fue el que impulsó su creación, reivindicó en los últimos años su «inmediata» puesta en funcionamiento, pero ahora, en período también electoral, tampoco le vale la iniciativa aprobada por el PP.
Su portavoz de Participación e Innovación, María González Veracruz, anunció ayer que paralizará la agencia, tal y como está concebida, si llegan a gobernar, ya que, a su juicio, con el planteamiento actual «nace muerta» y es «una burla». «A 25 días del previsible cambio de Gobierno están imponiendo -dijo- un modelo de agencia sin consensuar, dando la espalda a la comunidad científica». Criticó que el director del organismo sea elegido por el consejo rector en base a una propuesta de tres nombres formulada por el Gobierno.
En esta línea, el portavoz de la Confederación Estatal de Sociedades Científicas (Cosce), José Manuel Pingarrón, reclamó que se mantenga el espíritu inicial de la agencia: la de su independencia de los políticos.