Me cuesta entenderlo. Asistimos a un cambio en la dirección del Lugo que seguramente se ajuste a la legalidad, pero, a nada que tomemos un poco de perspectiva, cuesta entenderlo.
Partimos de un club de fútbol prácticamente desahuciado hace 11 años. Un grupo de personas se hace cargo de él, rescatándolo de su más que posible desaparición.
Este grupo, refrendado de manera reiterada por los socios, lleva a cabo una buena gestión económica, social y deportiva. Construye un club económicamente saneado, riguroso en los pagos, solvente y, como consecuencia de la buena gestión deportiva, el equipo asciende a Segunda.
Este salto a esta nueva categoría obliga a la conversión en una Sociedad Anónima Deportiva. Para esto, la Liga establece que hay que cubrir un capital social de 3 millones de euros. Pero el objetivo no se alcanza.
En ese momento, los dirigentes del club, encabezados por Bouso y dirigidos por Mouriz, solicitan ayuda a las instituciones. Se les pide que compren las acciones que faltan asumiendo el compromiso de presentar en tres años a un inversor que les permita a las instituciones recuperar el dinero y al club seguir con su proyecto deportivo.
Así fue. La Diputación y el Ayuntamiento echaron una mano y se hicieron con ese paquete de acciones, siempre con la idea de que revirtieran en el club.
El club se convirtió SAD y las mismas personas que habían sido elegidas por los socios para llevar las riendas del club, son elegidas por los accionistas para dirigir la SAD.
Pasados dos años el club presenta a un inversor -Gerard López- dispuesto a comprar las acciones e integrarse en el proyecto deportivo diseñado por el club, con sus aportaciones.
Se le comunica a la Diputación y al Ayuntamiento para proceder a la recuperación de esas acciones y se inicia el proceso de enajenación. Solo se presenta la candidatura de Gerard López.
Todo parecía discurrir de manera natural, para lograr el objetivo de que las instituciones recuperaran el dinero adelantado, y el club recuperara las acciones, pero se complicó. El concurso se declara desierto por desacuerdo en la forma de pago. Se convoca un nuevo concurso y en este surge una segunda oferta para hacerse con las acciones. Una persona ajena a la dirección del club, el señor Saqués, se persona para pujar por las acciones y convertirse en accionista mayoritario.
Ante la sorpresa generalizada, se comunica que la candidatura ajena a la dirección del club se hace con las acciones, gana la puja y desalojará de los puestos directivos a los actuales, los representantes elegidos por los socios y artífices del éxito deportivo conseguido a lo largo de estos años.
O sea, un procedimiento iniciado por Bouso, solicitando ayuda a las instituciones y comprometiéndose a recuperar las acciones en un plazo de 3 años, finaliza con el desalojo de la directiva del club de su dirección.
La sensación es que algo no funcionó. Entiendo que, al tratarse de fondos públicos, para su enajenación se deban respetar unas reglas propias de la administración pública. Pero no me cabe en la cabeza que, para realizar esta enajenación, el criterio fundamental sea el económico y queden en segundo plano tanto el proyecto deportivo como el reconocimiento de la labor realizada estos años.
Las instituciones no compraron las acciones para obtener un rendimiento económico, sino para ayudar al club en la transición de club a SAD. O eso creíamos.
Como socio y como miembro del equipo de trabajo del Club Deportivo Lugo, me siento perplejo, con la sensación de que nos están birlando el club.