La gestión de los empleos públicos se le atraganta a varios ayuntamientos

La gestión de los empleos públicos y la necesidad de conjugar las necesidades municipales, los proyectos políticos de los alcaldes y la defensa de sus puestos por parte de los trabajadores da lugar serios conflictos en algunos concellos de la Costa da Morte. Coristanco, Vimianzo, Corcubión o Cee, son algunos casos recientes.

¿Por qué hubo que anular la selección de arquitecto municipal en Coristanco?

Por dos reclamaciones (en un caso ya no se llegó a celebrar el juicio, previsto para ayer) realizadas por dos de los 40 aspirantes mediante un recurso presentando en el Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de A Coruña. El procedimiento, de septiembre del pasado año, se realizó mediante un concurso de méritos para cubrir la plaza de aparejador municipal, vacante desde hace ya varios años. El juez, en sentencia fechada el 10 de febrero, falló en favor de uno de los denunciantes porque, a su juicio, gran parte de los integrantes del tribunal evaluador carecían de la especialización técnica para valorar de forma objetiva a los aspirantes al puesto que se ofrecía.

¿Qué hizo el Concello?

Acatar la sentencia y no recurrir. Además, el Ayuntamiento reinicia el proceso para volver a convocar la plaza, pero en este caso mediante concurso oposición y no concurso de méritos. El alcalde, Amancio Lavandeira, justificó esta decisión: «Ante as dúbidas que xerou a constitución do tribunal, e para non volver a incorrer en supostas irregularidades, cremos que é mellor convocala praza mediante concurso oposición en lugar de concurso de méritos».

¿Son legales los trámites realizadas por el aparejador saliente?

Según reiteró ayer el mandatario coristanqués, sí. Son legales de pleno derecho tanto las licencias de obras menores como mayores.

¿Qué pasa con los permisos pendientes de aprobación y de revisión?

Habrá que esperar a que el nuevo técnico municipal se haga con la plaza en propiedad.

¿Cuándo ocurrirá eso?

Amancio Lavandeira prevé que, salvo imprevistos burocráticos, el nuevo aparejador municipal ocupe su despacho «nun prazo de mes e medio, máis ou menos».

¿Qué otros frentes hay abiertos actualmente?

Principalmente el de la piscina de Cee, aunque no sean trabajadores propiamente dichos del Concello sino de una empresa concesionaria. Hoy el pleno rescindirá el contrato de esta compañía y se abrirá una situación de provisionalidad antes de que se vuelva a licitar el concurso público. En este mismo municipio, según publica el BOP de ayer, se va a paliar la falta de limpieza de pistas con un contrato de servicios de 3.388 euros al mes por dos años. El alcalde criticó que su antecesora eliminase el puesto de tractorista, lo que hacía que esa maquinaria municipal estuviese parada. Por otra parte, en Vimianzo, a las trabajadoras de ayuda a domicilio se les ha impuesto una reducción de jornada porque el regidor, Manuel Antelo, asegura que «non se lle pode pagar oito horas a quen traballa seis». Voces de la oposición, como la de la concejala del PP, Raquel Rodríguez, auguran que el Concello se va a meter en un nuevo pozo de conflictos judiciales, y critica los despidos ejecutados, como el de la psicóloga y las externalizaciones en el servicio de deportes. Además, también siguen abiertas las disputas con miembros de la Policía Local.

¿Cuáles son los conflictos más graves?

El de Vimianzo con el arquitecto municipal, Julio Vázquez, llegó a los tribunales, por la suspensión decretada por el Concello, después de un expediente disciplinario en el que se detectaron graves irregularidades en sus funciones, por actividades para las que no estaba autorizado. Igual suerte corrió el arquitecto técnico de Corcubión, José Baliña, que acabó en excedencia forzosa, con el Concello obligado a pagarle sin ir a trabajar, algo que el gobierno local considera rentable dada su situación. Sin embargo, el caso más sonado en este mismo municipio es el del electricista Juan Carlos Sambade que implicó sanciones de la inspección de trabajo. Incluso él mismo llegó a denunciar al anterior alcalde por la vía penal, porque entendía vulnerados sus derechos. La causa fue archivada y todavía hoy continúa la discusión política sobre si Sambade está habilitado, o no, para efectuar ciertos trabajos.

Análisis

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