Las modificaciones urbanísticas quedan sobre la mesa y el gobierno lidiará solo con la Casa da Cultura y el pazo de Boallo
29 mar 2015 . Actualizado a las 05:00 h.El Concello de Vimianzo tiene en torno a medio millón de euros en el banco, pero no podrá pagar los 217.947 euros de facturas que debe, algunas desde octubre del año pasado, porque dos ediles del PP, otros tantos de IxV y los dos no adscritos votaron en contra de los expedientes de modificación y reconocimiento extrajudicial de crédito necesarios para hacerles frente.
Una medida que el alcalde, Manuel Antelo, defendió para corregir el desequilibrio presupuestario «consecuencia da herencia recibida», que arrastran desde el 2011, y que les hace empezar cada año con unos 300.000 euros de menos para utilizar. Sin embargo, de nada sirvió que el regidor ligase esta operación con la compra de una finca en Cereixo y el arreglo de un parque infantil, que la portavoz de IxV, Mónica Rodríguez, calificó como una maniobra «para que lle resolvamos un problema de gestión». Idea compartida por el resto de opositores, que el no adscrito, José Manuel Rodríguez, achacó también a que no les habían dado cuenta de las obras realizadas; algo que el portavoz del BNG, Fernando Mancebo tachó de excusa barata porque las obras «son menos de 20.000 euros» de esas facturas y el grueso corresponde a servicios tan elementales como la luz o Sogama.
Esta fue solo uno de los muchos encontronazos de un pleno el de ayer a mediodía, que duró dos horas y media, en un claro clima preelectoral, con ausencias ya recurrentes como la del portavoz de IxV, Manuel Soto, y que volvió a reeditar todo lo peor del debate político municipal de los últimos cuatro años.
Los opositores no accedieron siquiera a aprobar la modificación urbanística planteada para adaptar las normas subsidiarias a la Lei do Solo y tener así medidas menos restrictivas en el rural. Algo que, como incidió el alcalde, no iba a dejar a «ninguén prexudicado» y los beneficios serían «xenéricos para todos os veciños».
Tampoco encontró apoyos el gobierno para reclamar los daños de la Casa da Cultura a la constructora, un punto en el que Mónica Rodríguez como parte interesada se ausentó del pleno y el portavoz del PSOE, José Antonio Miñones -que por primera vez en muchos meses alzó la voz hacia un compañero del PP, Juan Carlos Amado, al que luego pidió perdón- quien dijo que se abstenía porque se trata de un asunto judicializado y él es «unha das persoas implicadas».
Igualmente los ediles del BNG se quedaron solos en la defensa del derecho de retracto del pazo de Boallo, que el arquitecto municipal suspendido por un expediente disciplinario compró por 15.000 euros y otros 15.000 la finca después de que él mismo informase la segregación de esos bienes. José Manuel Rodríguez, que le echó en cara al alcalde que lo utilice a él para exigirle a un vecino que saque licencia de obra, también lo conminó a «acabar coa persecución contra esta persoa. Xa conseguiu o que quería, arruinoulle a vida, así que deixe de fusilalo todos os días no xornal».
Unas palabras que Antelo, después de desmontar la teoría de IxV en base a la cual no existiría tal derecho, calificó de inauditas y le preguntó a los ediles que debería hacer el Concello en este caso, «mirar para outro lado».
Al margen de estas cuestiones y de numerosos reproches mutuos, algunos muy salidos de tono como los de Mancebo, Amado o Rodríguez; el alcalde no quiso dejar pasar por alto el balance de gastos de los grupos municipales, que fue aprobado por asentimiento. Señaló como «un escándalo» que el PP se niegue a pagar a los proveedores y que su portavoz «meta no seu peto 4.000 euros» con justificaciones tan peregrinas como «viaxe de formación en urbanismo»; así como que IxV cargue a estos fondos «o gasóleo da calefacción dunha casa particular».