Las iniciativas privadas también van ligadas a la captación de subvenciones
04 mar 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El debate sobre el estado de los faros y otros puntos de interés turístico y cultural de la Costa da Morte y la disyuntiva entre las concesiones a empresas privadas, por las que parece decantarse la Autoridade Portuaria, y la reclamación de proyectos públicos, que defienden mayoritariamente los alcaldes de los municipios implicados, esconde una realidad palpable: tanto un modelo como el otro implican el desembolso de grandes cantidades de dinero público. De ahí que varios representantes políticos empiecen a remarcar ya, que si hay que poner recursos de todos, la salida más lógica es que eso se traduzca más en proyectos de interés general que en iniciativas centradas en el rendimiento empresarial.
El impulsor del nuevo proyecto de O Semáforo de Fisterra, Jesús Picallo, cuya empresa NCC Galicia ganó la concesión, hablaba en la inauguración del hotel, a mediados del mes pasado, de la importancia del apoyo del GALP 4 (Grupo de Acción Local e da Pesca). De hecho anunciaba que la inversión total, una vez que se completen las pretendidas terrazas cubiertas y otras actuaciones se irá a los 600.000 euros. Un desembolso que se haría difícilmente asumible de no ser por los 200.000 euros de subvención concedidos por el GALP en la orden de ayudas firmada por la directora general de Desenvolvemento Pesqueiro el pasado 26 de enero y que publicó el DOGA del 17 de febrero.
El gerente de Porto Muiños, Antonio Muíños, la única empresa que en estos momentos tiene presentado un anteproyecto para hacerse con la gestión de un faro de la comarca, concretamente el de la isla Lobeira, también adelantaba el pasado mes de diciembre que «para que funcione isto, aínda que nós o lideremos, só se pode construír entre todos». Daba por tanto la idea de que es necesaria la implicación de actores locales, administraciones incluidas, para que su restaurante de algas -que no es solo eso sino una iniciativa bastante más compleja que implica gastronomía, investigación, sostenibilidad,...- pueda salir adelante y mantenerse en el tiempo.
Efectivamente, aunque estos recursos a los que aspiran todos los promotores privados no salgan de la Autoridade Portuaria, a la que el alcalde de Camariñas, Manuel Valeriano Alonso, acusa de «nada máis que querer recadar», son dinero público, procedente en su gran mayoría de fondos europeos.
Son varias las voces, entre ellas las de historiadores y fareros, que defienden que la mejor fórmula de que los planes funcionen, y se pongan en valor los faros para evitar su inexorable deterioro, es la del lucro comercial. Presuponen que la naturaleza propia de las empresas destinada a generar actividad y ganar dinero es la mejor garantía de que se le va dar a los espacios viabilidad y continuidad en el tiempo.
Sin embargo, hay quien lo rechaza de plano. «Isto vaise facer con subvencións, senón non se fai, está máis que claro. Polo tanto, igual que as empresas poden optar a esas axudas, ¿por que non pode facelo o Concello e darlle a ese espazo un utilidade pública?», se pregunta el portavoz del BNG de Corcubión, Xosé Ansede, en relación a la Lobeira.
Misma idea que subyace de las palabras del alcalde de Fisterra, José Marcote, quien insiste en relación al tema: «Non podemos esquecer que se trata de territorio público» y de bienes que con una importancia capital para la Costa da Morte. Considera, por tanto, que convertirlos en negocios hosteleros puede tener sentido en algún caso concreto, pero no en Fisterra donde abunda ya la oferta privada y está O Semáforo, «xusto ao lado».